La Conferencia de Presidentes que analiza este viernes el comienzo del curso escolar y la concreción de las medidas acordadas en la Intersectorial de Educación y Sanidad del pasado 27 de agosto para garantizar la seguridad de los centros escolares durante la pandemia de Covid-19 arrancó pasadas las 9.30 horas con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; la ministra de Política Territorial y Función Pública, Carolina Darias, y el ministro de Sanidad, Salvador Illa, como representantes del Ejecutivo.

La reunión entre ellos y los representantes autonómicos se celebra de forma telemática y culmina una intensa semana que comenzó con la apelación de Sánchez a la unidad ante empresarios, agentes sociales y representantes de la sociedad civil, y prosiguió con sus encuentros presenciales y telemáticos con los líderes de los principales partidos de la oposición y destinatarios de ese llamamiento a la unidad.

Tras la Intersectorial del 27 de agosto, Darias defendió la utilidad y conveniencia de esta reunión de la Conferencia de Presidentes ante las críticas de quienes denuncian su tardanza, y pese a que las medidas esenciales ya fueron acordadas.

En su opinión, la Conferencia de Presidentes y la Intersectorial son dos mecanismos de cooperación multilateral que no solo no se solapan, sino que “se complementan” y que forman parte ambos “del engranaje de la nueva cogobernanza”.

Argumentó, además, que sin este acuerdo previo esta reunión de la Conferencia de Presidentes “no sería igual”, porque ya se ha trabajado en el ámbito sectorial tanto de educación como de sanidad, para elevar ahora esos acuerdos al “máximo órgano” de decisión y ejecución.

Estado de alarma

Sobre la mesa de la Conferencia de Presidentes estará también el ofrecimiento que ya hizo Sánchez a las comunidades autónomas para, en aplicación de la Ley Orgánica de 1981, solicitar la declaración del estado de alarma en su territorio si lo consideran necesario para frenar los contagios, contando para ello con los votos del PSOE y de Unidas Podemos en el Congreso de los Diputados.

Ese ofrecimiento fue acogido por muchos presidentes autonómicos y por partidos de oposición como una “dejación de funciones” de Sánchez, ya que esa declaración compete al Consejo de Ministros. Es así, reconocen desde el Gobierno, pero dado que la situación difiere en los distintos territorios, son los presidentes autonómicos, y así lo prevé la ley, quienes deben solicitarlo en función de sus necesidades.

La reunión se celebra tras constatar, este miércoles en La Moncloa, la falta de acuerdo entre Sánchez y el líder del PP, Pablo Casado, y después de las acusaciones cruzadas entre el Ministerio de Sanidad, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el presidente de la Junta de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page.

Después de que el propio Sánchez y el director del Centro de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, reconocieran su preocupación por la evolución de la pandemia en Madrid, Díaz Ayuso denunció la “obsesión” del Gobierno con la Comunidad, y García Page lamentó que gran parte de los contagios en Castilla-La Mancha procedan de “la bomba radiactiva vírica” de Madrid.

Su petición para frenar lo que considera el “efecto Madrid” suscitó una reunión del Ministerio de Sanidad con los consejeros de Madrid y sus dos comunidades limítrofes, Castilla-La Mancha y Castilla y León, que se han comprometido a compaginar medidas de prevención y a mantener encuentros regulares para analizar la evolución de la pandemia.