Aunque era esperada y previsible, dada la complicada situación epidemiológica por la que atraviesa Castilla y León, la noticia de la prórroga de las restricciones a los gimnasios volvió ayer a hacer mella en la moral de los centros deportivos burgaleses. Con la constatación de que no podrán reabrir sus negocios hasta, al menos, el próximo miércoles 10 de febrero, el sector suma ya medio año de cierre. Es por ello que algunos gerentes están ya planteando a la Junta la posibilidad de volver a levantar la persiana de sus establecimientos para impartir entrenamientos personales.
El procedimiento sería similar al que se empezó a adoptar a mediados de junio, en plena desescalada de la primera ola, y cuando el sector se desperezaba tras meses de parón. Por aquél entonces solo podían acudir a las instalaciones individuos de manera solitaria parar trabajar junto a un monitor.Posteriormente se amplió la orden y ya pudieron extender el aforo.«Somos seguros y eso está demostrado.Siguiendo todas las indicaciones de aforo y limitación creemos que sería positivo permitir de nuevo algo de actividad económica y mover el mercado de trabajo», explica Víctor Fernández, director general de Sportia Gimnasios, que admite que con una incidencia acumulada tan alta, superior a los 600 casos por cada 100.000 habitantes en dos semanas, la decisión de la Junta «era la esperada».
Igual reacción tuvo el Alberto del Val, gerente del gimnasio Grandmontagne y miembro de la asociación provincial, que recibió el anuncio«con máxima preocupación»por el futuro del sector.«No hemos recabado ningún tipo de ayuda, y de las pocas de ámbito general que se han lanzado, muchas están limitadas a empresas o negocios con una plantilla pequeña, hecho que no encaja con los gimnasios», lamentoDelVal.Un centro deportivo, explica, cuenta con un organigrama humano amplio, ya que son muchos los profesionales que trabajan en ellos.«Hay mucho empleo parcial, monitores que dan clases en varios centros», asegura.
Apoyo económico «real». En lo que todo el sector está de acuerdo es en reclamar a las administraciones públicas ayudas que palien la situación actual.«Con 1.000 euros no nos sacan de pobres, no hacen absolutamente nada.Tenemos pérdidas de miles y miles de euros», denuncia Alberto Calvo, gerente del BeUp (...).
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