La población reclusa ha descendido en los últimos años y ahora el número de presos en la cárcel burgalesa no llega a los 480, según  Acaip. El número ha ido cayendo paulatinamente desde 2010, cuando la cifra de reos se situó en los 540, pero en la primera década del presente siglo hubo momentos en que se rozaron los 600 internos. «No se respeta el módulo de un preso por celda, pero la situación actualmente es aceptable», comentan desde el sindicato mayoritario.

La cifra de reos baja, es cierto, pero los funcionarios han detectado un aumento de los presos que sufren trastornos psiquiátricos, en la mayoría de los casos sobrevenidos por el consumo de sustancias estupefacientes. «La cárcel no es su sitio, pues requieren tratamientos que en una prisión al uso no se les puede conceder», explican las mismas fuentes. Y es que, advierten, los penitenciarios psiquiátricos en España se reducen a dos, los de Sevilla y Alicante, que «no dan de sí para acoger a la población reclusa que precisa de un trato especializado».

La población reclusa ha descendido en gran medida porque numerosos reos extranjeros se han acogido a la posibilidad de conmutar sus penas a cambio de ser expulsados de España. En 2011 entraba en vigor una instrucción de Justicia para promover el regreso a su país de origen de los presos extranjeros con escasas posibilidades de permanecer legalmente en España. Al cumplir la mitad de la pena impuesta en sentencia, se les ofrece la posibilidad de cumplir la libertad condicional en su país de origen, lo que siempre requiere el beneplácito del recluso.

Pese a todo, «una gran parte de los presos proceden de otros países». Además, según advierten desde la cárcel, en ocasiones se producen enfrentamientos entre los reclusos de distinto origen. En estos momentos realizan un especial seguimiento a los internos musulmanes, debido al nivel de alerta 3 que se ha activado en España por el yihadismo.

Ahora en Acaip temen que vuelva a aumentar el número de presos con al reforma del Código Penal, sobre todo en el caso de los condenados por delitos contra la seguridad vial y por delitos fiscales. Además, «muchos jueces se están negando ahora a suspender el cumplimiento de las penas cuando éstas son inferiores de dos años de cárcel».