Fue elegido en septiembre de 2018 y el pasado otoño superó el ecuador de su mandato. Al poco de iniciarlo se topó con la polémica de la exgerente, despedida por un presunto desvío de fondos que según un informe preliminar superaba los 400.000 euros y cuyo caso sigue judicializado. Después, cuando empezaba a normalizarse la vida interna del Colegio, llegó la pandemia. Por eso Guillermo Plaza habla de estos dos años y poco como una experiencia "muy intensa, porque en vez de empezar de cero debimos empezar de menos 20".

¿Qué proyectos ha podido poner en marcha de los que se propuso su Junta Directiva?

En estos dos primeros años hemos tenido que reestructurar muchísimo la organización del colegio a raíz de nuestros problemas estructurales, así que tendremos que dar ahora el empujón a los objetivos que nos marcamos. En formación hemos introducido muchísima más, la pandemia nos ha obligado a introducir las nuevas tecnologías y por ejemplo la gente de Miranda o Aranda ahora tiene mucho más acceso a los cursos. Y a partir de ahora, aunque volvamos a los cursos presenciales, mantendremos la opción online aunque siempre son preferibles los físicos. Estamos a punto de lograr el certificado final de calidad ISO, que nos ha supuesto protocolizar todo el funcionamiento del Colegio y que ha costado un año de trabajo para localizar cualquier fallo en la gestión o la documentación y tenerlo todo automatizado. También este año hemos dado más ayudas directas a los compañeros para comprar equipos informáticos o para cursos. El objetivo principal sigue siendo que la gente sienta el Colegio como algo útil y necesario, de cara a ser un lobby más fuerte, porque somos 1.100 abogados en la provincia y necesitamos ser un grupo de presión importante al que se le tenga en cuenta.

¿Sigue afectando la pandemia al trabajo diario de los abogados o han logrado normalizarla?

La nueva normalidad es que hemos pasado de una exigencia del 100% a una del 120%. Porque al ritmo habitual de trabajo se suman todos los problemas que genera la sociedad. Con los ERTE, por ejemplo, los Boletines Oficiales salían los domingos y el lunes las empresas ya nos estaban preguntando qué hacían. Hemos tenido multas, despidos, aislamientos, desahucios, concursos… Es una locura. Y a esto se añade el nivel de estrés y de ansiedad que tenemos todos, los profesionales y los clientes.

¿Hay muchos más procesos judiciales derivados de las restricciones impuestas por la administración?

No ha habido un gran incremento, porque las multas del confinamiento mucha gente no las recurría, pensaban que no les compensaba el riesgo de poder perder el pleito. Y muchos abogados que presentaron recurso ni siquiera han recibido contestación. En los procesos concursales hay una moratoria, pero cuando llegue será importante. Y los restaurantes o bares, pues tenemos la noticia de estos días de la resolución del TSJ del País Vasco, que realmente es una medida cautelar y cada caso será muy diferente. Recomiendo que cualquiera que tenga dudas consulte a su abogado.

¿Esta resolución del TSJ animará a mucha más gente a recurrir?

Yo he leído la resolución y es una medida cautelar, suspende porque entiende que puede producirse un perjuicio no recuperable. Pero también dice que hay que mirar cada caso concreto. Cada uno tendrá que evaluarlo de forma individual. La política tiene que solucionar esto de otra manera, compensando a los restauradores, dándoles facilidades u otros beneficios que les ayude a recuperarse.

¿Le ha sorprendido el conformismo general de los ciudadanos, lo bien mandados que somos y la escasa litigiosidad que se ha generado en relación a la situación absolutamente extraordinaria que vivimos?

El otro día vi una película india que se llama Tigre Blanco. Habla de unas gallinas en un corral que ven cómo les cortan la cabeza a las que están fuera. Como ellas están acostumbradas a estar en el corral, no hacen nada por salir. Estamos muy acostumbrados a recibir órdenes y en una situación así entendemos que lo que nos dicen es por nuestro bien. En ese contexto, ser rebelde no tiene sentido. Por ejemplo, el toque de queda a las 20 horas yo entiendo que quieren hacerlo por el bien general, pero se produce un perjuicio muy grave a un sector que sufre muchísimo. Entiendo que se hace por salvar vidas, pero…

¿Se esperaban una avalancha de clientes que no se ha producido?

Cuando la gente está mal económicamente es complicado que se quieran gastar dinero para meterse en una situación de incertidumbre. Y el turno de oficio, por ejemplo, no entra para las sociedades. Los problemas que la gente tiene en casa son enormes y se produce un colapso en los empresarios importante. Si luego resulta que el Supremo, como ocurrió con las cláusulas suelo, se pronuncia y da una seguridad jurídica, ahí es cuando la gente empieza a reclamar de verdad. Los valientes y los intrépidos son pocos, y yo lo entiendo.

Ya sabemos que hay un número mínimo de denuncias que se tramitan de manera efectiva y real, la inmensa mayoría no han acabado en sanción. ¿Qué valoración hace de esto?

Seguramente muchas multas se pagaron directamente para acogerse al beneficio por pronto pago del 50%. Yo entiendo que la mayoría de las actuaciones, sobre todo en el primer confinamiento con el miedo que había en abril o mayo, tenían un carácter coercitivo, yo diría que con un afán más corrector que recaudador. Es como las multas que se ponen en una primera fase a las bicicletas o a los aparcamientos en Gamonal. Y si los recursos de los abogados estaban bien hechos había muchísimas causas por las que podían ser nulas, y la administración también es consciente de eso.

El Tribunal Supremo se ha dado una semana más de plazo para decidir sobre el toque de queda en Castilla y León. ¿Qué imagen traslada a la ciudadanía que no sean capaces de pronunciarse durante todo un mes sobre algo que afecta a los derechos fundamentales de todos?

No hace falta explicar nada. A nosotros nos viene muy bien como símil de lo que ocurre en los juzgados a diario. Ese es el problema de la justicia en España. La lentitud. Es lo habitual, que los procedimientos vayan lentos y se retrasen.

Pero es que es algo urgente.

Está claro, pero en todos los juzgados estamos así. Ahora lo veis, ahora se ve a nivel global. Y eso que va a ser una resolución rápida de mes y medio. Imagine cuando tienes que explicarle a tu cliente que un asunto se retrasa uno, dos o tres años… cuatro… y en el sur de España más. Es que no te creen. Yo he llegado a decirle a un cliente que tenía un asunto en Madrid: "Si quieres vete tú al juzgado y pregunta". Porque llevaba cuatro años una demanda en el juzgado de lo Mercantil.

¿Cree que la Junta contaba con esta demora cuando pone en marcha la medida?

Lo que piensan ellos no lo sé, no puedo opinar sobre sus intenciones. Tampoco sé si ha sido efectiva o no, ni sobre los perjuicios que ha causado. Pero la Junta debería saber que había una norma superior y que esto, al menos, iba a verse mal. Quizás tenía que haber consensuado las medidas, porque convirtieron en algo jurídico algo que no tenía por qué serlo.

Con toda esta polémica, al menos hemos visto que los contrapesos entre poderes existen, aunque sean lentos.

Evidentemente. Hace años estuvimos en una charla sobre el tema bancario y vino un chico de Podemos que nos dio una charla sobre los poderes fácticos y cómo modificar las leyes en base a los movimientos sociales. Yo entiendo que si los restauradores obligan a modificar la norma está bien, pero que un poder político intente modificar la norma a través de una resolución que saben que… Ellos mismos ya se justificaron, hablaban de "modular", sabían que podía ser recurrido y era una forma de presionar. Esa es una pelea política entre la Junta y el Gobierno central, y al final quien tiene que moderar eso son los jueces, el tercer poder, para intervenir en las peleas entre políticos

¿El tapón judicial se está empezando a aliviar tras la paralización de los juzgados durante varios meses del año pasado?

Cada juzgado es un mundo y depende de muchas variables. Depende de la voluntad de los trabajadores de ese juzgado, de la carga de trabajo que les entre, de las sustituciones o las bajas que hayan tenido, de los cambios de jueces, de la especialización de cada uno… Por ejemplo, en los juzgados de lo Social, con todo lo que les viene, y pese al esfuerzo que están haciendo, tendremos un colapso seguro. Ya están con un año de retraso y no van a poder asimilar el embudo que se va a generar. Esto nos recuerda a la crisis anterior, cuando se colapsaron los juzgados de lo Social y de lo Mercantil. Y además teníamos los colapsos estructurales del Juzgado de Familia. Es una vergüenza que solo haya un juzgado en Burgos mientras ciudades como León tienen dos, con dos equipos psicosociales desde hace muchos años.

¿La única manera para agilizarlo es poner más medios humanos, más juzgados?

A mí se me ocurren muchas maneras. Al ministro de Justicia y al resto de los políticos hay que cambiarles el concepto. Un juzgado no es un gasto, es una inversión. Y eso es algo que tienen que aprender ya. Yo soy muy pesado con este tema, pero es que un juzgado como el número 4, el de cláusulas suelo, resuelve 2.000 procedimientos al año. Son casos en los que el cliente va a recuperar un dinero para su cuenta bancaria, el abogado va a cobrar una minuta con el 21% del IVA y luego pagará su IRPF que también recaudan las arcas públicas. Más el procurador, más el consumo que se genera… Se está moviendo muchísimo dinero. En lo Mercantil hay asuntos muy serios y de mucho impacto económico. Necesitamos una máquina bien engrasada, con incentivos a los funcionarios que mejor lo hagan, con formación continua para especializarlos, que se les motive, que la productividad esté premiada y que tengan tecnología. No pueden estar con ordenadores que tardan 20 minutos en encenderse.

Sin embargo, la herramienta de LexNet, que se supone que era una gran inversión tecnológica, generó un caos al principio.

Bueno, es que aquello invirtió la carga de trabajo. Cuando presentábamos una demanda en papel la rellenaba el funcionario, ahora lo hacen el procurador y el abogado. Hay que mejorar muchísimas cosas como la automatización de procesos, algo habitual en cualquier empresa y que ahorraría muchísimo en Justicia.

En Burgos está previsto crear el noveno juzgado de Primera Instancia. ¿Cree que debe especializarse en Familia o en Mercantil?

Si no es para uno de esos dos sería una locura. Llevamos pidiendo años un juzgado de Familia. Y el de Mercantil es esencial.

¿Pero si hay que elegir?

Son esenciales ambos, es muy complicado. Un problema mercantil acaba generando graves problemas familiares, y un problema en un divorcio te puede hundir y hundes la empresa, entonces ¿qué es antes, el huevo o la gallina? Ambos son importantes. No puedo elegir.

¿Cómo está el turno de oficio, que siempre arrastra problemas?

Ahora mismo estamos con noviembre, diciembre y enero pendientes. En el año 2018 nos dijeron que el problema era la Gürtel, al año siguiente fueron las certificaciones, este año como se han aprobado presupuestos y el reglamento dice que los pagos tienen que ser trimestrales, pues resulta que no está adecuada la ley y hay que modificar el reglamento. Lo cierto es que tenemos un problema estructural para el que cada año se han buscado una excusa.

¿Qué tenía que ver en esto la Gürtel?

Por unos pagos que se habían hecho al Colegio de Madrid y que tenían que devolver. Pero insisto en que el problema es estructural porque recoge unos pagos trimestrales. Podían haberlo solucionado, pero no. Los políticos nos lanzan a los colegios, nos hacen responsables de algo que no somos, como ocurre las certificaciones.

¿Se ha barajado la posibilidad de que los abogados de oficio entren en un grupo de trabajadores esenciales para adelantar su vacunación contra la covid?

Algo he visto y sé que muchos colegios lo han pedido. Y esto no es políticamente correcto, pero… mire, yo estoy en el turno de oficio desde que empecé, y no podría llegar a mi casa vacunado por ser abogado de oficio y que mis padres no se hayan vacunado todavía. No podría asumirlo. Entiendo que tiene que ir delante la gente mayor, se lo merecen por todo lo que han trabajado, los sanitarios, los cuerpos de seguridad que deben protegernos, y a partir de ahí sí. De momento lo que estamos peleando es porque se cumplan todas las medidas de seguridad cuando vamos a hacer una asistencia, porque tenemos que proteger a los nuestros con los medios adecuados.

¿En qué punto se encuentra el caso de la gerente que tuvieron que despedir?

Todavía está en la instrucción judicial, espero que ya terminando.

Otra prueba más de la lentitud de la Justicia, porque de aquello hace ya dos años, y que encima afecta al Colegio de Abogados. En casa del herrero…

El problema de los delitos económicos es que son complicados y los juzgados no tienen medios, se atascan. La Fiscalía no cuenta con los medios adecuados para gestionar una cantidad ingente de documentación de movimientos entre cuentas, etc. Es algo muchísimo. Los jueces de Instrucción no están especializados en derecho económico y muchos conceptos se les pueden escapar. Es algo muy complejo, por eso hay que recabar mucha información. En este caso nosotros hemos aportado informes contables, ha habido que revisar todo y también a nosotros nos ha supuesto un esfuerzo importante, luego las declaraciones… cuesta mucho.