Al trabajo que están llevando a cabo desde el Ministerio de Industria para tratar de encontrar una vía de salvación para la Cooperativa Avícola -en concurso de acreedores desde principios de abril- se suma, desde hace días, los esfuerzos de la Junta de Castilla y León. La Dirección General de Economía Social y Autónomos ha recibido el encargo de la nueva consejera de Industria, Carlota Amigo, para intentar echar una mano a Cobur en su afán de localizar una cooperativa o sociedad que esté dispuesta a tomar las riendas de la entidad burgalesa y llegar a acuerdos con los más de 600 socios que la conforman.

El nuevo administrador concursal que asumió la gestión de la Avícola se reunió a principios de este mes con representantes del Ayuntamiento, de FAE y de los sindicatos para explicar la situación de la cooperativa. En el encuentro el alcalde, Daniel de la Rosa, se comprometió con el consejo rector a trasladar el problema al Ministerio de Industria, donde también están buscando posibles soluciones.

Lo que sí que es cierto es que en la mesa del administrador concursal hay varias ofertas en firme por hacerse con la Avícola, pero de momento se prefiere ser prudente y se quiere llevar a cabo un proceso de venta en el que se expongan los intereses de los cooperativistas.

Sin noticias del matadero. El cierre del matadero de Cobur a principios de año provocó la rescisión del contrato de 85 trabajadores, empleados por Randstad. La anterior gerencia, alegando motivos económicos, volvió una vez más a cerrar las salas de sacrificado, despiece, envasado y engomado, como ya hizo en abril de 2018, aunque posteriormente se volvió a activar tras un alquiler a la compañía de servicios, cuyo contrato se canceló el pasado 9 de enero. La extinción de esos empleos en Burgos no ha sido el único problema que se ha generado con el anuncio, ya que hay hasta un centenar de empresas que se han quedado colgadas tras el cierre del matadero. 

Criaderos, transportistas o cargadores de pollos de las granjas a los camiones llevan meses sin cobrar los servicios prestados a la Avícola y reclaman facturas de hasta 90.000 euros por la actividad que han cumplido, pero no percibido, por lo que la deuda podría alcanzar cifras millonarias.