El Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa (Invied) se ha visto obligado, una vez más, a paralizar un proceso de enajenación de propiedades por la judicialización del procedimiento. Este periódico ya avanzó la semana pasada que el Ministerio iba a tener que informar del carácter litigioso del solar de la antigua Comandancia de Obras en la calle La Puebla, pues uno de los concurrentes en el periodo de venta presentó un recurso en el Juzgado Central de lo Contencioso Administrativo. En realidad, hasta este tribunal han llegado dos recursos, lo que ha obligado a paralizar la subasta y a ampliar el plazo de presentación de ofertas. Éste debió expirar el lunes, pero lo hará el jueves día 27. Hasta esa fecha las empresas concurrentes tienen tiempo para retirar sus pujas o ratificarlas, si bien deben asumir -advierte el Invied- «los riesgos y consecuencias que se deriven del litigio». El precio de salida sigue siendo el mismo: 1,25 millones de euros. La apertura de los sobres tendrá lugar el 7 de junio.

 En septiembre de 2019 el Invied decidió sacar a subasta los 1.528 metros cuadrados de terreno pertenecientes a Defensa (un 90%) y a varios propietarios privados (el 10%), pero la puja quedó desierta, de modo que se abrió automáticamente un plazo de un año en que salió a venta directa, tal como establece la Ley de Patrimonio de la Administración Pública. Los interesados tenían 12 meses para presentar sus ofertas al Invied. Y las hubo, tres en concreto. Primero concurrieron dos empresas y, después, una tercera, una sociedad de capital burgalés, a la que Defensa dejó fuera de la terna con el argumento de que no había llegado a tiempo, que había transcurrido ya un año desde la fecha en que salió a adjudicación directa.

La empresa presentó un recurso de reposición al propio Invied en el que alegaba que durante la pandemia los plazos para la presentación de ofertas estuvieron paralizados durante 78 días, de tal modo que sí habían llegado a tiempo. Defensa les dio la razón, pero al mismo tiempo informó -y a las otras sociedades que habían concurrido, también- de que se decantaban de nuevo por la salida a subasta del solar, como así ocurrió el pasado 19 de abril, cuando el BOE publicó que el precio de salida era de 1,25 millones de euros y que el plazo de presentación de ofertas expiraba el 17 de mayo. La misma firma presentó un recurso de reposición contra esta decisión, pero la puja siguió adelante, de modo que el caso ‘terminó’ con la presentación de un recurso en el Tribunal Central de lo Contencioso Administrativo. Ahora Defensa se ha visto obligada a colgar el cartel de litigioso, con las consecuencias ya descritas. El día 7 de junio se sabrá si han concurrido empresas a esta subasta y, en ese caso, por cuál se decantará el Invied. Pero una cosa debe quedar clara: al ser un solar litigioso es posible que el adjudicatario decaiga en su derecho si la Justicia da la razón al reclamante.

No es la única parcela de Defensa cuya venta acaba en el barro judicial. Ya ocurrió con Artillería, aunque las sentencias dictadas dan la razón a los intereses de la adjudicataria, Edificio Plata 3. Tampoco se libró el garaje del Ministerio situado entre la calle Vitoria y la avenida del Arlanzón.