Las empresas de autobuses de servicios discrecionales de Burgos no participan, por el momento, en las movilizaciones que está desarrollando este sector en otras provincias para denunciar su crítica situación económica y han centrado sus esfuerzos en la reclamación  a la Junta de Castilla y León para que les compense por el parón del curso escolar desde el pasado 14 de marzo, lo que ha supuesto un importante quebranto para sus negocios.

Las conversaciones con la Administración regional están abiertas y avanzan, según explica José Antonio Rámila, y en breves días se presentará la documentación para solicitar la devolución de todos los gastos que han soportado estas empresas del 14 de marzo al 23 de junio en amortización de vehículos, personal, seguros, entre otros, en un curso escolar que quedó totalmente interrumpido con la entrada en vigor del decreto de alarma nacional.

El número de rutas escolares activas, según informó la Junta, supera la cifra de 280, en las que se presta un servicio a 4.200 alumnos y cuyo coste ascendió el pasado curso a 5,6 millones de euros. Una parte de estos recorridos están integrados en las propias rutas que realizan las líneas regulares de viajeros por la provincia.

En el caso de las líneas discrecionales, que tienen en el transporte de alumnos, trabajadores y turistas su principal negocio, su contrato quedó suspendido el 14 de marzo, día en el que también se prohibió el movimiento de viajeros interprovincial.

El escolar es, por el momento, el principal campo de trabajo de este sector provincial, integrado por una treintena de empresas y que ha visto como la crisis sanitaria dejaba buena parte de sus autobuses en las cocheras y situaba a muchas de estas pymes familiares en una situación económica muy crítica.

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