El mensaje de la Comisión Europea es claro: en 2035, es decir, dentro de 14 años, no se podrán vender coches y furgonetas de combustión (diésel, gasolina, gas y también híbridos enchufables y no enchufables) con el objetivo de reducir drásticamente las emisiones de efecto invernadero procedentes del tráfico rodado y luchar contra el cambio climático. Cinco años antes, en 2030, solo se podrán comercializar hasta un 45% de vehículos que generen emisiones.

No por esperado, el anuncio, que pone el punto y final a una manera de entender la movilidad «nos pilla en pañales», como reconocen todas las partes consultadas. De hecho, supone hacer borrón y cuenta nueva del 99% del parque móvil actual matriculado en la provincia (un proceso que necesitará al menos de 30 años para su culminación) y empezar -casi desde cero- a construir un red de puntos de recarga a lo largo de los 5.043 kilómetros de carreteras burgalesas.

En la provincia hay matriculados 443 vehículos eléctricos sobre un total de 278.540 matrículas, según los últimos datos de la Dirección General de Tráfico. Son 275 turismos de un total de 195.816 en movimiento y 33 furgonetas entre un universo de 20.680. A ellos se suman 61 motocicletas (de 19.417), 41 ciclomotores (7.528), 4 camiones de menos de 3.500 kilogramos (15.212) y un autobús de entre los 467 matriculados.

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