La presencia de varios furgones de Policía Nacional y agentes locales sorprendieron en pleno centro de Miranda a muchos viandantes. La intervención de las fuerzas de seguridad se produjo por la orden judicial para desalojar el edificio okupado en la calle Dos de Mayo. Pese a todo el despliegue no tuvieron que intervenir, ya que las autoridades judiciales, la propiedad y los propios inquilinos, tras una negociación, acordaron que se marcharían voluntariamente a principios del mes de enero. 

El despliegue arrancó poco después de las nueve de la mañana. Fue por sorpresa y los okupas estaban en el interior, sin que se esperaran la actuación. Cuando aparecieron los agentes, en el edificio había numerosos menores y también algunas mujeres embarazadas, por lo que finalmente se optó por el entendimiento para poner fin a la situación de okupación, sin que se vivieran escenas de tensión.

Hasta el lugar también se acercaron algunos familiares de las personas que entraron ilegalmente en las viviendas en pleno confinamiento.Precisamente la crisis sanitaria ha dilatado la situación, aunque también ha motivado en parte este aplazamiento, por las dificultades para encontrar otras viviendas. Por esto, se ha dado más de un mes para que puedan encontrar un lugar en el que quedarse. 

Este edificio fue el segundo que se okupó en pleno centro, en zonas muy transitadas. El primero donde se vivió una situación de este tipo  se ubica en la esquina de Francisco Cantera y la calle La Estación. El Ayuntamiento consiguió sacar a las personas que habitaban las viviendas, porque los desperfectos en el inmueble habían derivado en un peligro de incendio e insalubridad para el resto de vecinos colindantes.

En el caso de Dos de Mayo, el inmueble lleva okupado unos siete meses. En este caso las seis viviendas con las que cuenta estaban vacías salvo una, que sí que estaba alquilada, aunque se residía de manera ocasional.