El anuncio realizado el pasado sábado por el entonces candidato y ahora presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de que su gobierno está comprometido a poner en marcha un Instituto de Transición Justa para ayudar, entre otras, a las comunidades afectadas por el cierre de las cuencas mineras y las centrales nucleares, como es el caso de Castilla y León donde ya es una realidad el cierre de las minas de carbón y de la central de Santa María de Garoña, ha sido recibido con mucho optimismo por la alcaldesa del Valle de Tobalina, Raquel González. La también presidenta del Comité Mixto de Gestión creado por los catorce ayuntamientos más cercanos a la planta junto a grupos de acción local para llevar adelante la Estrategia de revitalización del entorno de Garoña ha manifestado a DB que el anuncio de Sánchez "es una muy buena noticia" y que viene a dar respuesta a una vieja reivindicación de las áreas nucleares, que como presidenta de Amac siempre trasladó a las instituciones del gobierno central y es que "los presupuestos de la Administración del Estado tuvieran en cuenta a las zonas nucleares al mismo nivel que las zonas mineras y se reflejaran ayudas para su revitalización en los presupuestos".
Lo que todavía no hay son precisamente presupuestos para 2020. Por ello González manifestó la importancia de que "el nuevo gobierno se conforme cuanto antes, porque confiamos en contar con el apoyo de la administración central". El pasado mes, una comitiva de alcaldes del entorno de Garoña acompañada por representantes de la Diputación mantuvo un largo encuentro con el consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo. De allí salió la iniciativa de elaborar "una carta conjunta", que como ha explicado González "se está elaborando entre los catorce ayuntamientos y la Administración regional para dirigirla al gobierno central y lograr que se adhiera al compromiso de revitalizar la economía del entorno de Garoña". Nada más que se conforme el gobierno se tratará de canalizar a través del ministerio que corresponda.
Mientras, el portavoz socialista en el Senado, Ander Gil, manifestó ayer a DB que "es pronto para conocer las capacidades que va a tener el Instituto de Transición Justa". Antes de poder avanzar más detalles de cuál será su apoyo al entorno de Garoña, Gil considera prioritario que se nombre al titular de la cartera del Ministerio de Transición Ecológica, así como a otros cargos intermedios. Asimismo, la aprobación de presupuestos para el año 2020, el próximo reto del gobierno de coalición de Sánchez, también es vital para poner en marcha cualquier medida. El pasado noviembre en campaña, la ministra en funciones de Transición Ecológica, Teresa Ribera, manifestó en Medina de Pomar que "la reactivación del territorio del área de Garoña está incluida en el plan de acción urgente en materia de transición justa en energía".
Mientras las ayudas llegan, en Garoña quedan trabajando 113 empleados de Nuclenor y una media de 160, de empresas subcontratadas, es decir 273 personas, frente a las más de 700 que lo hacían cuando detuvo su reactor en diciembre de 2012, y las más de 400 que tenía la planta cuando el Gobierno anunció su cierre definitivo en agosto de 2017.