Los gimnasios de Burgos no comprenden por qué la Junta los considera lugares potenciales de contagio cuando son «lugares que contribuyen a la salud» de las personas. Por ese motivo, exigen a la Junta de Castilla y León su reapertura, pues las estadísticas advierten de que solo un 0,28% de las infecciones por coronavirus se registran en centros deportivos, entre los que se incluyen, recuerda, clubes que juegan y entrenan «sin distancias de seguridad y sin mascarilla».

«Hemos hecho unas inversiones -de una media de 4.000 o 5.000 euros por negocio- para evitar contagios, pero no nos dejan trabajar», se quejaba ayer Carlos Tornadijo, representante de la asociación provincial que aglutina a estas empresas.

Acompañado por otros integrantes de la organización -Pablo Rodríguez y Alberto Calvo- puso de manifiesto ayer en rueda de prensa la importancia que tienen los gimnasios para personas enfermas que acuden por razones de salud. Recordó que hasta sus instalaciones acuden «enfermos de cáncer, diabéticos, pacientes con obesidad, cientos de burgaleses con dolencias traumatológicas a quienes no se puede cortar la rutina porque de ella depende su recuperación».

El cierre de los gimnasios afecta a unos 50 centros en toda la provincia, en los que trabajan en torno a 500 burgaleses que en estos momentos están en ERTE y «con la incertidumbre de que no saben cuándo volverán a trabajar». En opinión de los portavoces de estos negocios la clausura que ha decretado el Gobierno regional «es injusta y arbitraria, porque no atiende a ningún criterio sanitario definido(...)».

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