La nueva piscina climatizada no comenzará ni siquiera a construirse en la presente legislatura. El Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de Castilla y León (Tarcyl) ha anulado el procedimiento negociado sin publicidad a través del que se habían adjudicado los trabajos a la UTE conformada por Roacon y Urbico, tras una ardua polémica. De esta forma, se frustra la última esperanza del equipo de gobierno de ver, al menos, iniciadas las obras de su proyecto estrella, a pesar de que recientemente Aitana Hernando aseguraba ante los medios que las máquinas empezarían a trabajar en «mes y medio».
El organismo regional ha admitido el recurso presentado por Yarritu al entender que se modificaron sustancialmente las condiciones iniciales de la licitación, al eliminarse la limitación del 15% en la rebaja del precio. De esta forma el procedimiento tendrá que volver al punto de partida, es decir que habrá que sacar nuevamente el pliego a concurso, algo que ya no da tiempo antes de las elecciones de mayo.
La decisión supone un duro revés para el PSOE, que ve como después de un proceso salpicado de innumerables contratiempos, tiene que renunciar de momento a la inversión más ambiciosa de su programa. La posibilidad de que se produjera esta situación ya había sido advertida en su día por PP e IU, formaciones que se opusieron al procedimiento negociado con el que se intentó rescatar el proyecto de la piscina tras declarar desierto el primer contrato.
Aún así el equipo de gobierno se aferró a los informes favorables de los técnicos municipales para continuar adelante, gracias a la abstención de Miranda Puede y Ganemos, asegurando que las modificaciones incluidas eran «menores» e incluso mejoraban el pliego. Ahora el Tarcyl ha puesto de manifiesto que las dudas que suscitaba el proceso en parte de la oposición eran ciertas, ya que el cambio de condiciones era sustancial y por lo tanto no se ajusta a la normativa.
El PSOE había recurrido a la fórmula del procedimiento negociado tras fracasar la primera licitación por tener que descartar todas las ofertas por defecto de forma. Inicialmente se dio de paso la presentada por Yarritu, la cual posteriormente también se demostró que incumplía las bases. Sin embargo, para entonces ya se habían hecho públicos los detalles de la misma, porque incluso se llevó la adjudicación a un Pleno, aunque el punto tuvo que ser retirado antes de la votación por no estar completo el expediente.
Por este motivo Yarritu renunció a participar del posterior procedimiento negociado al entender que partía con desventaja. De hecho solo concurrieron dos empresas, siendo finalmente la mejor considerada la de Urbico, pese a que era más cara que la que en su día había presentado Yarritu, además de peor valorada por los técnicos municipales.
Los recursos presentados por la empresa, al igual que los formulados por el Partido Popular, fueron desechados por la corporación, pero ahora el Tarcyl considera que existen motivos suficientes como para anular el proceso.
responsabilidades. Las repercusiones por la decisión del Tribunal no se han hecho esperar. Desde Izquierda Unida se exige como primera medida la paralización del presupuesto, pendiente de aprobación, ya que el mismo contempla una partida de 625.000 euros para la piscina. Asimismo se pide la dimisión del concejal de Deportes, Alexander Jiménez, a pesar de que solo quedan unos meses de mandato y no repetirá en la próxima lista. No es el único miembro de la corporación que consideran que debe depurar responsabilidades, ya que entienden que Miguel Ángel Adrián, portavoz socialista, debería dar explicaciones de su defensa del procedimiento negociado, a pesar de las advertencias.
IU se pregunta también por las consecuencias económicas para las arcas municipales ya que es posible que Urbico pida indemnizaciones por el daño sufrido,y por último apunta a que «últimamente hay informes técnicos que se asemejan bastante a los que el PSOE quiere», acusación motivada en que el Tarcyl ha tumbado un procedimiento que tenía informes favorables.