Las fugas de los menores que viven en el centro Gregorio Santiago de la Junta de Castilla y León no suponen, "en absoluto" un problema para el normal desarrollo de la actividad de la residencia ni se trata de un conflicto "estructural" de la misma. Así de tajante es su directora, Lola Vicario, a la hora de abordar un asunto que durante años, sobre todo a principios de la década de los 2000, sí que fue preocupante y que en otras comunidades autónomas y otros tipos de centros para menores ocurre con mucha frecuencia y es foco de conflictos. En este sentido, la responsable empieza por recordar que quienes viven en el Gregorio Santiago no son menores delincuentes, como mucha gente piensa, sino que son niñas y niños que, por diferentes circunstancias o problemas, tiene que salir del domicilio familiar. En sus instalaciones hay, además, una unidad de acogida urgente.

La gerente de Servicios Sociales, Marian Paniego, por su parte, añade que estas plazas son para menores que precisan de atención inmediata ante una crisis familiar o grave riesgo de desprotección: "Por ejemplo, cuando la Policía se encuentra a un menor solo en la calle sin la presencia de un adulto de referencia -es indiferente que sea extranjero o no- o en situaciones sobrevenidas en las que por un problema familiar el menor queda desprotegido o abandonado. En tales casos son alojados en esa unidad a la espera de que la Gerencia de Servicios Sociales -Protección a la Infancia- valore la situación y decida lo más adecuado para el interés de ese menor: tutelarle o bien retornarle a su familia de origen".

Así pues, en las instalaciones de la Avenida Monasterio de las Huelgas hay 25 plazas para menores de 8 a 18 años en dos hogares diferenciados, uno para los de 8 a 15 y otro, para los de 16 a 18 (a los de menor edad se les busca una familia de acogida o una vivienda gestionada por una ONG). En un tercer espacio es donde se ubica la unidad de acogida de emergencia para niños que necesitan atención inmediata o que deben cumplir una medida judicial con orden de alojamiento. A lo largo del año no siempre están ocupadas al cien por cien -en la actualidad, por ejemplo, están cubiertas 15 de esas 25- ya que la institución se adapta a las necesidades que se van planteando con los menores, que tienen un plan personalizado de seguimiento y un educador de referencia.

A lo largo de 2019 se registraron 21 fugas, una denominación que Vicario cree que no se ajusta a la realidad, entre otras cosas porque el Gregorio Santiago es un centro abierto: "Nuestros menores no desaparecen sino que como cualquier otro a veces llegan tarde o no vienen a dormir la noche del sábado al domingo. En estos casos lo que se hace es avisar al 112 -con los de 17 años se espera un poco más allá de su horario de llegada- y transcurridas 24 horas ponemos una denuncia, como haría cualquier familia". De esas 21, 19 se correspondieron con menores extranjeros que viajaban sin compañía de un adulto y que terminaron en el Gregorio Santiago porque la Policía los encontró por la calle y tienen un matiz que las explica: "Para este perfil de adolescentes, Burgos es simplemente un lugar de paso hacia otras provincias del norte u otros países de Europa; de hecho, muchos tienen billetes de tren con destino a Bilbao o a San Sebastián y se van no porque se fuguen sino porque su objetivo es otro. Se consideran fugados pero aquí lo llamamos ausencia voluntaria". Los otros dos casos eran menores con residencia permanente en el Gregorio Santiago y que a los pocos días volvieron.

Estas cifras -las de años anteriores son muy similares- suponen el nivel más bajo de fugas que ha registrado esta residencia desde los primeros años dos mil. En aquel momento algunos menores de origen magrebí y subsahariano protagonizaron situaciones de crisis como enfrentamientos verbales con los vecinos, ostentación de navajas y algunos actos delictivos como atracos que trascendieron a la opinión pública e hicieron que la intervención de la policía fuera bastante habitual. A pesar de ello, de que se tuvo que contratar seguridad privada y de que varios trabajadores estuvieran de baja por estrés el consejero de Bienestar Social de entonces, Carlos Fernández Carriedo, intentó minimizar los hechos alegando, en declaraciones a este periódico, que no se estaban dando más conflictos que los que eran habituales "en este tipo de dependencias". Después, las aguas volvieron a su cauce y aquellas situaciones no se han vuelto a dar.

En cualquier caso, cuando un menor se escapa del Gregorio Santiago, a su vuelta -como ocurriría en cualquier familia, insiste Lola Vicario- tiene un castigo: "Existe un registro de conductas y los chicos ganan o pierden su propina. Puntúan el estudio, el orden de su habitación, el cumplimiento de las normas… y los viernes reciben una propina. Si un chico ha tenido un comportamiento muy bueno, se le refuerza con un euro o cualquier cosa que estime de valor. Cada uno tiene un programa de intervención individual, con objetivos adaptados a sus características y singularidades y que se revisa cada tres y seis meses".

A nivel general, además, tienen una programación anual con actividades que inciden en los hábitos saludables como la prevención de la violencia de género y del consumo de drogas y el uso responsable de la tecnología, y participan en eventos lúdicos y culturales en circunstancias normales. En este sentido, Lola Vicario afirma que el comportamiento de los residentes durante el confinamiento fue ejemplar, como ocurrió con los niños y adolescentes en todo el país "y como en cualquier casa se hizo repostería, se grabaron vídeos que se compartían con otros centros de menores y se dibujaron carteles de ánimo".