La CNMC pide a CyL revisar contratos de transporte laboral

SPC
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La Comisión de Mercados y la Competencia recomienda a las administraciones evitar las discriminaciones entre licencias de taxi y VTC en los concursos públicos de servicios de transporte laboral

La CNMC pide a CyL revisar contratos de transporte laboral

Un informe de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) recomienda a las administraciones como la de Castilla y León evitar las discriminaciones entre licencias de taxi y VTC en los concursos públicos de servicios de transporte laboral. En concreto, pide que los pliegos de contratación pública eviten las restricciones de los servicios de VTC, servicios de VTC, vehículos de alquiler con conductor, no solo en la Comunidad sino también en Valencia, Cataluña y Madrid.

La CNMC ha recibido en los últimos años quejas de operadores que consideran que las administraciones competentes les han excluido injustamente de concursos públicos para el transporte escolar, laboral y sanitario mediante vehículos de turismo. En España, el transporte regular escolar y laboral se realiza mayoritariamente a través de autocares, mientras que el transporte sanitario se realiza principalmente a través de ambulancias.

El órgano asegura que existen situaciones en las que resulta “más conveniente” que se presten mediante vehículos de turismo en los desplazamientos regulares de escolares en zonas rurales con baja densidad de población, la asistencia programada a centros sanitarios para recibir tratamientos como diálisis, radioterapia o rehabilitación, (transporte sanitario no asistido ni urgente) o el desplazamiento regular de empleados públicos (transporte laboral).

La CNMC ha analizado alrededor de 50 licitaciones públicas de los últimos años, en varias comunidades autónomas, y la regulación de estos servicios. Así, en su estudio, la CNMC concluye que en algunas licitaciones se ha restringido la participación de operadores, viéndose perjudicados, en algunas ocasiones, los taxis, y, en otras, los VTC.

Añade que las licitaciones donde se ha limitado la participación de este tipo de operadores han supuesto un mayor coste para las arcas públicas y menores incentivos a prestar servicios de calidad del servicio para los usuarios. Además, precisa que este tipo de limitaciones incumplen los principios de buena regulación, al no ser necesarias y proporcionadas para el interés general.