El plan hidrológico prevé 38.920 hectáreas más de regadío

Ical
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El documento pide que se revise el impacto de las 38.920 nuevas hectáreas de regadío de Payuelos y La Armuña

El plan hidrológico prevé 38.920 hectáreas más de regadío - Foto: Eugenio Gutiérrez Martínez

La propuesta inicial para la tercera planificación hidrológica del Duero 2021-2027 prevé un incremento de la superficie de regadío en la Comunidad de 38.920 hectáreas y aconseja revisar si en un escenario de cambio climático será posible atenderlas sin afectar la garantía de otras zonas. Así, el documento propone a la Comunidad "cerrar el mapa de regadíos de la cuenca con criterios conservadores" ante la incertidumbre de las aportaciones de agua en el futuro.

Así aparece recogido en el ‘Esquema provisional de temas importantes’ para la revisión del plan hidrológico de la Cuenca del Duero, cuya información pública abrió hoy el Ministerio para la Transición Ecológica y que estará abierta al menos durante los próximos seis meses.

El documento pone sobre la mesa también la necesidad de una evaluación del impacto de las modernizaciones de regadío realizadas hasta el momento y promover el ahorro de agua en los regadíos ya modernizados. Asimismo, apela a la modernización de los regadíos considerando el impacto sobre los retornos de riego; y se aconseja el desarrollo de campañas de concienciación para un consumo de agua adecuado.

Payuelos y La Armuña

El informe precisa que la superficie regable crecerá un siete por ciento en el periodo del programa, hasta las 585.654 hectáreas regadas, lo que incrementaría la demanda anual hasta los 3.570 hectómetros cúbicos. Estos incrementos procederán, básicamente, de la puesta en riego de las zonas de Payuelos y La Armuña, que tienen decretos aprobados y actualmente están en ejecución.

En este sentido, el texto, analizado por Ical, advierte de que “habría que revisar en los dos casos las nuevas demandas planteadas y considerar si en los escenarios de cambio climático será posible atenderlas sin afectar a la garantía de los regadíos existentes”.

Asimismo, plantea analizar su viabilidad económica y si están incluidas en los programas de desarrollo rural donde se hayan analizado diversas alternativas de desarrollo, considerando su impacto ambiental y sus sinergias con otras actividades de desarrollo sostenible.

Garantía de suministro

El Plan Hidrológico del Duero vigente señala que 33.495 hectáreas no cumplían los criterios de garantía de suministro, un siete por ciento de la superficie total de regadío. Las zonas más afectadas son los sistemas con escasa o nula regulación artificial (Eria, Duerna, Curueño, Torío, Esgueva, Arandilla y Cabecera del Tormes.); y también grandes zonas regables en sistemas regulados como el Carrión y el Órbigo que, sin llegar a incumplir garantías presentan déficits importantes, especialmente en el año de la sequía 2016/2017.

Sin embargo bajo un escenario de reducción de las aportaciones por efecto de cambio climático del once por ciento, ese siete por ciento de superficie con incumplimientos pasaría al 27 por ciento, sin incrementar la superficie, y al 42 por ciento si se incrementa la superficie de regadío tal y como demanda la Administración agraria. “Bajo un escenario de reducción de aportaciones, las zonas reguladas con fallos de suministro se multiplicarían por cinco”, sentencia.

El análisis ministerial también denuncia que de las 546.728 hectáreas de regadío totales, 99.105 tienen una eficiencia técnica inferior al 50 por ciento debido a “una infraestructura deficiente, en especial en los regadíos que usan recursos de origen superficial”.

Por último, el documento expone como cuestión singular la necesidad de necesidad de ordenar los regadíos vinculados con el Canal de Castilla, ya que actualmente existen “miles detomas para uso regadío vinculadas directamente” a esta infraestructura.

Aumentar la financiación

La tercera planificación hidrológica del Duero 2021-2027 también advierte de que existe riesgo de incumplimiento de los objetivos ambientales debido a la falta de capacidad financiera de las autoridades competentes de la demarcación (Administración del Estado, comunidades autónomas y entidades locales) para afrontar cada una de las medidas.

En este sentido, recuerda que la ejecución del Programa de medidas del Plan vigente tiene un escaso avance, ya que al finalizar el año 2018, a mitad de ciclo 2016-2021, la inversión realizada por todos los agentes apenas alcanzaba el 30 por ciento del importe programado.

Así, el documento expone que ante el riesgo de incumplir los objetivos ambientales por parte de capacidad financiera, es necesario buscar nuevas fuentes de financiación y plantea tres escenarios o alternativas de decisión para alcanzar la suficiencia.

El primero sería tendencial, aplicando las medidas vigentes sin nuevos instrumentos financieros ni mejora de los existentes y su actual aplicación, algo que se consideraría insatisfactorio ya no se cumplirían los objetivos.

Así, el texto propone una solución tributaria, con la aplicación completa del programa de medidas del plan financiándolo con recursos procedentes de una reforma del vigente régimen económico financiero del agua, para mejorar los ingresos de los organismos de cuenca. Si esta reforma continuara siendo insuficiente, se plantea revisar la fiscalidad ambiental, incorporando elementos de solidaridad hacia los colectivos sociales y zonas geográficas más vulnerables.

La tercera propuesta pasaría por una solución presupuestaria, es decir, que toda la sociedad soporte la carga de los costes ambientales no internalizados, valorados en la cuenca en 350 millones de euros anuales, y que,por tanto, dichos costes no repercutiesen de forma exclusiva o directa sobre los actuales y futuros usuarios del agua. Bajo esta decisión se plantearía la elevación de la tributación general (a través de IRPF y otros impuestos) e incrementar el nivel de transferencias desde el Estado a las autonomías.

Una docena de ejes

El esquema provisional del documento abierto a información pública se estructura en una docena de grandes temas importantes para la demarcación del Duero, que pasan por medidas sobre contaminación difusa y urbana e industrial; uso sostenible de las aguas subterráneas; y alteraciones hidromorfológicas. Asimismo, se aborda la implantación de caudales ecológicos; la sostenibilidad del regadío; y la adaptación al cambio climático.

Otros grandes bloques se refieren a la optimización de la gestión de la oferta de recursos hídricos (infraestructuras); y recuperación de costes y financiación de los programas y medidas. El esquema también se centra en la ordenación y control del dominio público hidráulico; la coordinación interadministrativa y participación pública; y la gestión del riesgo de inundación.

Contaminación y aguas subterráneas

El plan propone actuar frente al problema de la contaminación difusa, que “afecta de manera especial a las aguas subterráneas” y es persistente desde hace años en varias zonas. Al análisis incide en que las aguas superficiales también pueden verse afectadas por contaminación difusa originada por arrastre de fertilizantes o fitosanitarios en las aguas de escorrentía, sin embargo este problema “es más fácilmente reversible”, asegura.

En este sentido, explica que el problema de la contaminación por nitratos afecta a numerosas masas de agua, ya que 359 superficiales (51 por ciento del total) y 39 subterráneas (60 por ciento del total), que presentan una presión potencialmente significativa por fuentes difusas, lo cual dificulta la consecución de los objetivos de la Directiva de Nitratos, en particular, y de la Directiva Marco del Agua en general.

La propuesta también centra sus planteamientos en los vertidos urbanos e industriales y recuerda que a finales de 2018, en la demarcación todavía había 2.076 vertidos con tratamiento “no adecuado”. De estos, 64 eran de naturaleza industrial y el resto urbana o asimilable. “Sus problemas radican en la insuficiencia en los tratamientos de depuración o la falta de mantenimiento en dichas infraestructuras”, precisa.

El programa también se centra en la protección de las aguas subterráneas y precisa que en plan actual se identifican cuatro masas en mal estado cuantitativo: “Tordesillas”, “Los Arenales”, “Medina del Campo”, “Tierra del Vino”, con altos índices de explotación; y otras dos “Páramo de Cuéllar” y “Salamanca” con un índice ligeramente superior al valor límite. Para estas dos últimas la situación “sería fácilmente reversible con un pequeño descenso en las extracciones, fundamentalmente ligado al regadío”.