UGT considera que la Seguridad Social debe seguir el criterio del Tribunal de Justicia de la UE para retrotraer cuatro años atrás el derecho de los trabajadores a tiempo parcial a cobrar una pensión más elevada como consecuencia de la anulación del coeficiente discriminatorio con que se calculaba su periodo de cotización. El Tribunal Constitucional dictó en julio una sentencia que seguía la jurisprudencia marcada por Europa semanas antes. Sin embargo, la nueva fórmula de cálculo solo se aplica desde el 12 de agosto, fecha de publicación de la resolución española, «cuando la doctrina de la UE establece que la retroactividad temporal de los derechos de los afectados ha de ser de 4 años». Por ello el sindicato considera que hay 1.120 burgaleses que pueden reclamar judicialmente los atrasos de su prestación de jubilación. Para ello, la central ha iniciado una campaña de información en la que ofrecerá -a los no afiliados también- sus servicios jurídicos .
El secretario provincial de UGT, Pablo Dionisio Fraile, explicó ayer que la sentencia afecta a pensionistas que en su día trabajaron a tiempo parcial y vieron reducida su pensión como consecuencia de la aplicación de un coeficiente corrector que ahora ha sido anulado por discriminatorio, «pues las mujeres son las que en su mayoría trabajan bajo esta modalidad de contrato».
Fraile, que ofreció una rueda de prensa acompañado por Jesús María Estébanez, secretario de la Unión de Jubilados y Pensionistas (UJP), indicó que podrán ver incrementada su pensión las personas que se hallen en estos dos supuestos:el primero, cuando el porcentaje de la jornada laboral en el periodo que trabajaron a tiempo parcial sea inferior al 67% de la de tiempo completo, y segundo, se exceptúan de los anteriores aquellos que como resultado del cálculo de la prestación tienen derecho a percibir el complemento hasta la cuantía mínima garantizada.
El sindicalista de UGT puso un ejemplo muy claro. Una persona que haya trabajado 20 años a jornada parcial del 50% y una base de cotización de 700 euros cobraría 350 de pensión con la anterior regulación. Tras la sentencia, su cuantía se elevaría a 429,8. Fraile advirtió de que con la campaña para animar a la reclamación judicial de esas cantidades el sindicato busca que «se siente jurisprudencia lo antes posible» para que se reconozca el derecho no solo a los nuevos pensionistas sino a todos los jubilados desde 2015, es decir, cuatro años antes de la promulgación del fallo judicial.