Es un asunto que está presente en las reuniones de los equipos directivos de los institutos, al igual que en las de estos con la Dirección Provincial de Educación. En la última que mantuvieron con motivo del inicio de este curso volvió a ponerse encima de la mesa porque ambas partes consideran que es una «fuente de conflictos» entre los alumnos: la regulación del uso de los móviles (o ya relojes) en los centros, principalmente en Secundaria. La mayoría de los que están ubicados de la capital prohibe su utilización y exhibición, no solo en clase, como es lógico, sino en todo el recinto y el horario lectivo, es decir en cambios de aula y recreos, salvo que su empleo sea como herramienta de aprendizaje a instancias del profesorado.

Todo lo concerniente a esta cuestión está recogido en los reglamentos de régimen interior de los institutos, lo que significa que no existe una homogeneidad de criterios al respecto en cuanto al modo de proceder, por ejemplo, cuando un estudiante se salta la regla, las sanciones a aplicar o la duración de las mismas. Por ello, los directores exigen que sea la administración (la Junta o incluso el Gobierno central) la que actúe elaborando una norma común para todos. Y en este sentido, aluden a la decisión que tomó el Ejecutivo francés el año pasado al vetar la entrada de los teléfonos en las aulas de Secundaria y también en las de Primaria.

En Castilla y León la única ordenación que existe al respecto se encuentra en el decreto 51/2007,  que tipifica como «conducta contraria a la convivencia la utilización inadecuada de aparatos electrónicos». Tanto en el Pintor Luis Sáez como en el Comuneros de Castilla, Diego Porcelos, Diego Marín Aguilera, Diego de Siloé y Cardenal López de Mendoza está prohibido el uso y la exhibición de estos aparatos en todos los niveles educativos y sus dependencias, desde que se entra hasta que se sale. Este último veta incluso que se lleve el dispositivo. La misma norma que los primeros se da en el Félix Rodríguez de la Fuente, aunque solo en el edificio que alberga a los alumnos de primero y segundo de la ESO, mientras que se flexibiliza y se permite utilizarlo en espacios comunes en los otros dos inmuebles que acogen los cursos superiores.

En el Enrique Flórez el perfil del alumnado hace que la norma no resulte tan restrictiva. El 60% del alumnado son mayores de edad al impartir Bachillerato y ciclos de Formación Profesional. Está restringido en clase pero quedan excluidos pasillos u otras dependencias. En la misma línea, el Camino de Santiago alude en su reglamento al aula y al hecho de que tiene que estar apagado en exámenes.

El control de estos dispositivos resulta más sencillo en los dos primeros cursos de la ESO, no así en los siguientes, ya que los estudiantes pueden salir del recinto escolar con el permiso de los padres. «Ahí ya no podemos entrar y sabemos que lo usan de manera habitual», subraya el director del Pintor, José Antonio Vilumbrales, a lo que el director del Comuneros de Castilla, Tomás Gómez, añade que esta situación trae a veces problemas ya que «lo que ocurre en el exterior del centro se traslada luego al interior».

La forma de proceder cuando se salta la regulación también varía de unos a otros. Gómez precisa que en los últimos años ha habido sentencias relacionadas con la intervención sobre estos dispositivos y su «inviolabilidad». «Nos hemos tenido que adaptar», explica, en referencia a que cuando se da esta circunstancia se pide que lo apaguen y entregarlo al jefe de Estudios. En otros casos como en el Pintor se entregan las tarjetas de memoria.

Las sanciones que se aplican pueden ir desde la retirada del dispositivo un día hasta un mes, incluido eso sí una amonestación por dicha conducta, aumentando las primeras si se reincide, y comunicación a los padres. En este último centro deben depositar el aparato 30 días en Jefatura de Estudios, 15 en el Porcelos, y una semana en al Marín Aguilera, teniendo en cuenta que si no se acata puede acarrear la expulsión durante el mismo tiempo. Otras medidas recogen la modificación del horario lectivo.

Los directores de los institutos consultados aseguran que todas ellas surgen efecto, haciendo que disminuyan las situaciones de reincidencia y que la mayoría de las veces son respaldadas por las familias, aunque también se dan conflictos en este sentido. «Es necesaria su implicación», subraya Javier Ruiz, responsable del centro de la carretera Poza. En este sentido, todos coinciden en afirmar que el contacto con sus hijos está garantizado, por lo esto no debería servir de excusa para llevarlo.

Donde hay mayor flexibilidad en los cursos superiores no se han detectado situaciones conflictivas. El responsable del Enrique Flórez, Javier Antolín, afirma que «no lo suelen mirarlo mucho entre clase y clases», mostrándose contrario a una regulación «extrema» porque «podría volverse en contra». En la misma línea, María Álvarez, jefa de estudios del Félix, sostiene que «no se han dado problemas».

Todas estas diferencias llevan a los directores de los centros a reclamar una norma que permita homogeneizar criterios. «Además de necesaria, sería excepcional y cuanto más alta fuera la administración que lo regulara, mejor», subraya Sixto Peñaranda, jefe de Estudios del Diego Porcelos. En este sentido, la directora del Mendoza, Mari Luz García, sostiene que «sería mucho mejor» una regulación como la de Francia: «No tiene sentido que lo lleven a clase».

Coinciden en que es una «fuente de conflicto entre los propios alumnos y los profesores», en que  un elemento de distracción y de interrupciones, en que los aparatos pueden sufrir daños y deterioros y, además, en que se trata de un dispositivo al que hay que prestar especial atención en los exámenes para garantizar la igualdad de oportunidades. Y en este sentido, lo más habitual es que estén apagados, fuera de cualquier alcance e incluso queden depositados en una caja mientras dura la evaluación.