La nueva ley de Renta Garantizada de Ciudadanía de Castilla y León obligará a los perceptores del Ingreso Mínimo Vital que cobran el complemento autonómico a una vinculación social y laboral que supondrá el seguimiento de itinerarios de empleo y la escolarización de menores. Así lo avanzó ayer la consejera de Familia, Isabel Blanco, tras presidir en Valladolid una reunión con los agentes del Diálogo Socia, donde se defendió como posición común la necesidad de reformular esta prestación autonómica para que, en su convivencia con el IMV, no se aleje del fin con el que fue concebida, que supone conducir a sus beneficiarios hacia la inserción social y laboral efectiva, algo que se ha constatado está ocurriendo. Un acuerdo que, según avanzaron, podría estar muy próximo y esperan que la nueva RGC esté lista en el plazo de un mes o mes y medio para dar traslado al mismo y su tramitación.
Tras la reunión, Blanco recordó que tras la puesta en marcha del ingreso mínimo delGobierno se decidió, en el seno del Diálogo Social y de acuerdo con el Tercer Sector, complementar con una prestación la cuantía que percibían perceptores de renta garantizada y quedaban por debajo del IMV, lo que ha supuesto una cuantía media de 235 euros a estas personas, que ahora perciben el ingreso estatal, y que son 2.222 de los 6.937 ciudadanos que han pasado de la RGC al IMV. Unido a esto, la Junta se ha visto obligada a comprobar los expedientes de RGC y a pedir la devolución de cuantías como consecuencia de las últimas revisiones del Ministerio de Inclusión sobre prestaciones ya otorgadas, por las que se están recortando a la baja cuantías con efectos retroactivos.
Así, un año y medio después de la entrada en vigor del IMV y de su convivencia con la prestación económica, se ha constatado que el 95% de las casi 7.000 personas que ahora perciben el ingreso mínimo en lugar de la renta garantizada han abandonado el itinerario formativo o el contrato de trabajo que se les había ofrecido, dado que esta renuncia no implica la pérdida de este ingreso, a diferencia de lo que ocurre con el autonómico.
Asimismo, se está observando un incremento del absentismo escolar entre los hijos de los antiguos perceptores de RGC producido por el mismo motivo, el hecho de que la no asistencia a clase de los menores no implica la pérdida de la prestación. Estas casi 7.000 personas que perciben la ayuda del Gobierno central son una parte de las 15.886 familias que reciben el IMV en Castilla y León –sólo el 31% de las que lo han solicitado, ya que otras 34.936 se les ha denegado o inadmitido la prestación estatal–.
Objetivo final
La titular autonómica insistió en que la RGC nació con la intención de garantizar un mínimo de ingresos a los ciudadanos en situación de exclusión social y fomentar su inclusión social y laboral. Sin embargo, esta situación no se asegura con el IMV, motivo por el que, en coincidencia con los agentes sociales y económicos, se considera necesario reformarla con el objetivo de mantener la vinculación a la escolarización de los menores y al seguimiento de un itinerario de empleo.
Así, la nueva renta garantizada implicaría un ingreso adicional, incentivo o mejora económica para la persona que esté recibiendo el IMV a cambio del cumplimiento de unos compromisos que se determinen en un proyecto individualizado de inserción para la unidad familiar y que se entienden necesarios para superar una situación de exclusión social, teniendo en cuenta aspectos fundamentales como la educación y el acceso al empleo. De este modo, la futura RGC se centrará en promover la integración de las familias en riesgo de exclusión social, facilitando el desarrollo de un proyecto de vida.