No es ninguna novedad que la Atención Primaria que pelea contra la covid-19 desde el pasado mes de marzo no es, ni de lejos, la que todo el mundo conocía. Se trata de la puerta principal de acceso a la sanidad y sus profesionales resuelven hasta el 90% de los casos que les llegan, además de controlar a los pacientes crónicos, hacer educación para la salud -cuando pueden- y detectar posibles víctimas de violencia de género y de otros problemas sociales en todos los puntos del territorio.

Este nivel sanitario -que ya había sufrido profundamente el zarpazo de la crisis económica anterior y de una clase política que prefirió invertir la parte del león en hospitales y dejar anémicas las plantillas de centros de salud y consultorios- llegó a la pandemia agotado y ahora sus profesionales no solo sufren por el volumen de trabajo sino porque no pueden atender a todos sus pacientes de forma presencial. La situación ha provocado más distorsiones en su labor, como la limitación de derivaciones a otros especialistas del hospital, lo que ha hecho que se haya experimentado un descenso de más de un tercio (36%)  de los casos que los centros de salud urbanos de Burgos capital han trasladado al Hospital Universitario de Burgos (HUBU) entre los meses de febrero y septiembre.

(Más información, en la edición de papel de hoy de Diario de Burgos)