Tres veces lo intentó, sin éxito, Theresa May. La ya ex primera ministra británica buscó durante meses que el Parlamento avalase el Tratado de Retirada que había firmado en noviembre con los Veintisiete, pero no lo consiguió. Es más, tanto desastre acabó por desgastar a la mandataria hasta el punto que le llevó a dimitir el pasado mayo. No quiere seguir sus pasos su sucesor en el cargo, Boris Johnson, quien ya ha avisado de que el Brexit será efectivo el próximo mes de octubre. Y lo será con o sin el respaldo del Parlamento. «Sin peros ni condiciones», ha insistido, para referirse a que no se acobardará ante un divorcio sin acuerdo.

La opción de una ruptura caótica y a las bravas no gusta, ni en la Unión Europea ni en el Reino Unido. Ni siquiera en el seno del Partido Conservador, que a finales de julio eligió a Johnson como nuevo líder de manera abrumadora, aun sabiendo que su plan era «salir o salir», sin importar cómo. Solo el cuando: antes de que finalice la última prórroga, fijada en el 31 de octubre.

Las previsiones no son nada halagüeñas. Un Brexit duro, que es como se conoce al que derivaría de una falta de acuerdo con la UE, podría llevar a la economía británica al desastre. El Banco de Inglaterra ya ha avisado de una profunda desaceleración en 2020 en caso de que se produzca esa salida y el Fondo Monetario Internacional augura «severos costes» en las finanzas de la isla. El PIB y la libra esterlina retrocederían de tal manera que acabarían contagiando a otros países. De ahí el temor que tienen los mercados sobre esta posibilidad, donde la incertidumbre hace mella casi semanalmente mientras el reloj y el calendario siguen corriendo.

Pero el divorcio sin consenso podría tener otra seria consecuencia en el plano nacional del Reino Unido. Cuando los ciudadanos votaron en el referéndum de junio de 2016 sobre la permanencia o no en el bloque comunitario, las divergencias dentro de las regiones fueron considerables. Irlanda del Norte y Escocia eligieron mayoritariamente seguir en el grupo, mientras que Gales e Inglaterra se posicionaron a favor de la secesión. Ahora, más de tres años después, los dos territorios que apostaron por seguir en la UE podrían romper con la unidad y desvincularse del Gobierno de Londres. Tanto Escocia como Irlanda del Norte han propuesto celebrar un plebiscito sobre continuar en el país anglosajón o independizarse, con el argumento sobre la mesa de que lo hacen para poder seguir junto a los Veintisiete.

La economía y la política regional son dos de los principales problemas a los que se tendrá que enfrentar Johnson en su empresa por hacer realidad el Brexit «sea como sea». Pero también encontrará varios escollos en el Parlamento.

Sin ir más lejos, hace apenas tres semanas que perdió representación en la Cámara de los Comunes. Ahora, los conservadores cuentan con una mayoría mínima que les obliga a encontrar un total acuerdo entre sus diputados y sumar, además, el de los legisladores del unionista norirlandés DUP. Sin la suma de todos ellos, el Gobierno no podría sacar adelante sus propuestas.

Y esa unidad se antoja complicada. Si Johnson lideraba la facción rebelde de los tories cuando May estaba al frente del Ejecutivo por su «postura débil» ante la UE, ahora un grupo de compañeros del ala más moderada amenazan con hacer lo mismo por su «postura radical y extremista», que podría desbaratar sus planes.

Todo planeado

A pesar de todo, Johnson sigue con paso firme y, además, el tiempo corre en su favor. Desde Dowinng Street ya han avisado de que, ante la obligación de tener que celebrar un posible adelanto electoral, los comicios no podrían celebrarse antes del 31 de octubre, con lo que el excéntrico exalcalde de Londres seguiría en el cargo cuando llegase la fecha límite para poner en marcha el Brexit.

Los asesores del premier lo tienen todo pensado. Incluso trabajan sobre la posibilidad de que Johnson se pueda enfrentar a una moción de censura en Westminster, auspiciada por los laboristas y los nacionalistas, pero secundada también por los conservadores que no comparten el divorcio duro. En el caso de que se consiga tumbar al Ejecutivo, el Parlamento tendría 14 días para formar un nuevo Gobierno antes de que se convoquen de forma automática otras generales. Y todo este tiempo sigue corriendo a favor del mandatario, que estiraría los plazos hasta el punto de que cualquier esfuerzo de sus adversarios fuera inútil. Las posibilidades de que diputados de diversos partidos confluyan en un Gobierno de unidad para frenar la salida sin acuerdo se antoja prácticamente imposible.

La actividad parlamentaria vuelve el 3 de septiembre a Londres. Por eso, cualquier actuación debe realizarse casi de manera inmediata. Tratar de tumbar el Ejecutivo, aprobar por ley una nueva prórroga -que tendría que ser admitida por la UE- o votar en contra -nuevamente- de un Brexit duro conlleva la presentación de mociones. Y su visto bueno también lleva unos días. Con esa ventaja juega Johnson. Y, mientras, el país y el continente esperan inquietos.