El Gobierno de Bolivia ha dado este lunes 72 horas a la diplomática española que visitó el viernes a la embajadora de México en La Paz así como a esta última para que abandonen el país tras el incidente ocurrido a raíz de dicha visita.
El anuncio de la expulsión de las dos diplomáticas, así como del cónsul de España, lo ha hecho la propia presidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez.
"El Gobierno constitucional que presido ha decidido declarar persona non grata a la embajadora de México en Bolivia, María Teresa Mercado, a la encargada de negocios de España en Bolivia, Cristina Borreguero, al cónsul de España en Bolivia, Álvaro Fernández, y al grupo de los presuntamente diplomáticos encapuchados y armados", ha señalado.
"Este grupo de representantes de los gobiernos de México y de España ha lesionado gravemente la soberanía y la dignidad del pueblo y del gobierno constitucional de Bolivia", ha sostenido Áñez, según informan los medios locales.
En este sentido, ha asegurado que "la conducta hostil intentando ingresar de forma subrepticia y clandestina a la residencia de México en Bolivia desafiando a los oficiales policiales bolivianos y los propios ciudadanos son hechos que no podemos dejar pasar".
Borreguero acudió a primera hora de la mañana del viernes a la embajadora de México, en lo que el Gobierno español ha definido de "visita de cortesía", después de que el país azteca hubiera denunciado un incremento de la presencia policial boliviana en torno a la residencia de Mercado y la propia Embajada en días anteriores, desencadenando un cruce de reproches entre los dos países.
México mantiene acogidos en dichas dependencias en La Paz a diez antiguos miembros del Gobierno de Evo Morales, contra algunos de los cuales pesan órdenes de arresto de las nuevas autoridades que gobiernan el país tras la renuncia del mandatario el pasado 10 de noviembre. El Gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha defendido en todo momento su tradición de país de asilo.
La visita de la polémica
En medio del cruce de reproches entre los dos gobiernos, el viernes se produjo la visita de la encargada de negocios, un gesto que fue visto por algunos sectores en el país andino como un intento de sacar de allí a los asilados políticos, algo que desde el Ministerio de Asuntos Exteriores español se ha descartado rotundamente.
Al término de la visita, los vehículos en los que llegó Borreguero no pudieron regresar hasta la residencia de la embajadora mexicana para recogerla, ya que la Policía boliviana se lo impidió, presuntamente por la presencia de personas encapuchadas en ellos y "presumiblemente armadas", según denunció la canciller boliviana, Karen Longaric.
Ante estos sucesos, el Ministerio que dirige de forma interina Margarita Robles anunció la apertura de una investigación, pero ello no aplacó los ánimos en Bolivia, donde el expresidente Jorge Tuto Quiroga, delegado presidencial ante la comunidad internacional, hizo el domingo unas duras declaraciones y pidió al presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, que se disculpe con Bolivia.
"Qué penoso que Pedro Sánchez esté haciendo operativos con rambos para extraer a criminales, delincuentes blancoides y fraudulentos que conocen del proyecto castrista y chavista", sostuvo Quiroga, en referencia a los cuatro policías que acompañaron a la delegación diplomática española en la visita.
México pide a su embajadora que regrese
Así las cosas, el Ministerio de Exteriores mexicano ya ha informado de que ha dado instrucciones a su embajadora en Bolivia para que regrese al país azteca "con el fin de resguardar su seguridad e integridad", según ha informado el departamento que dirige Marcelo Ebrard en un comunicado.
La Embajada de México en Bolivia, ha precisado en la nota, quedará a cargo de Ana Luisa Vallejo, actual jefa de Cancillería de la misión y "continuará operando con normalidad tras este movimiento".
Asimismo, el Gobierno de López Obrador ha recalcado que la embajadora "siempre cumplió con los principios de política exterior consagrados en la Constitución" mexicana y en el Derecho Internacional, "por lo que considera que esta decisión es de carácter político".