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Oposición frontal al cobro de un peaje en las autovías

SPC
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El Gobierno autonómico y la patronal de los gasolineros tachan de «disparate» la propuesta del Ejecutivo central y aseguran que es un «ataque» al medio rural y a las clases medias

Imagen de la entrada al peaje de la AP-6 desde la provincia de Ávila. - Foto: David Castro

La Junta de Castilla y León y la patronal de los gasolineros rechazan frontalmente los peajes que estudia implantar el Gobierno en las autovías al considerarlo un«disparate» y un «ataque» al medio rural que incrementará la siniestralidad.  A pesar de que elEjecutivo nacional todavía no ha anunciado formalmente la medida, ya han saltado voces críticas en la Comunidad contra una medida que afectaría a los casi 2.000 kilómetros de autovías que la Red de Carreteras del Estado tiene en Castilla y León. El vicepresidente y portavoz de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea, tildó de «auténtico disparate» los peajes que estudia implantar el Gobierno en las autovías y manifestó que es un «nuevo perjuicio» a la Comunidad. «No sabemos muy bien qué les hemos hecho a este Gobierno», afirmó el vicepresidente en la comparecencia posterior al Consejo de Gobierno, donde añadió: «No sabemos de qué somos culpables».

En ese sentido, el vicepresidente argumentó que esta medida del Gobierno perjudica a quienes tienen más kilómetros de autovías, así como a los territorios más dispersos, como Castilla y León, donde es necesario desplazarse. «Esta es la manera de ayudarnos a enfrentarnos del reto demográfico», apostilló. Asimismo, Igea aseguró que es una «incoherencia», porque el mismo gobierno que a su juicio suprime los peajes dependiendo de «donde necesita votos» para aprobar los presupuestos, traslada estos pagos a las autovías «a todos los ciudadanos. 

Por su parte, el consejero de Fomento, Juan Carlos Suárez-Quiñones, también cargó contra esta decisión, porque es una medida que «ataca al medio rural, a las clases medias y bajas y a las pequeñas y medianas empresas». Así, ratificó que la posición de la Junta «es de total oposición» y recordó que «este ataque al medio rural afecta a la movilidad, un elemento esencial para el acceso a los servicios públicos básicos». «Mientras la Junta está liberando el pago al transporte público en el medio rural, el Gobierno los pone donde no los hay», lamentó. Además, incidió en que se trata de un abono «injusto», porque se plantea de forma igualitaria.

Siniestralidad

La patronal de estaciones de servicio (Fereclaes) consideró un error aplicar esta tasa al uso de las autovías, y auguró que se va a derivar el tráfico a carreteras convencionales y nacionales, incrementando la siniestralidad. Según Ical, subrayan que «desde el sector exigen seguridad jurídica y certidumbre», ya que «han realizado fuertes inversiones en transformación energética para adaptarse al desarrollo e implantación de energías menos contaminantes, y ahora, si se aplica esta tasa, el tráfico se derivará hacia otras vías», algo que «puede llegar a provocar el cierre de instalaciones y una importante pérdida de empleos».