En su primer discurso como rector, Manuel Pérez Mateos puso el foco sobre el déficit de financiación que presentaba la UBU en comparación con el resto de universidades públicas de la región, algo a lo que no ha dejado de aludir en sus intervenciones institucionales, la última el pasado miércoles en la toma de posesión de nuevos decanos. Y es que, los ingresos que el campus local recibe del Gobierno autonómico por alumno al año son de 5.862 euros, lo que supone 344 menos que el resto de entidades académicas, mientras que por empleado obtiene 42.209, 4.191 menos.
Esto en líneas generales, porque las distancias se incrementan cuando se entra a comparar por universidad. La que está a mayor distancia de la burgalesa es la de Valladolid, que recibe 6.495 euros por estudiante y 47.827 por trabajador equivalente a tiempo completo, lo que representa 633 menos en el primer caso y 5.618 en el segundo, según los datos facilitados por la entidad docente local a partir de los informes de la Fundación Ciencia yDesarrollo (CYD), el último de los cuales se publicó el año pasado y analiza el ejercicio académico 2016-2017, y de los análisis anuales de la Conferencia Nacional de Rectores (CRUE).
También es notable el montante económico que separa a Burgos de León, a cuya universidad la Junta destina 48.056 euros por trabajador y 6.053 por estudiante (-5.847 y -191, respectivamente). En cuanto a Salamanca, la diferencia al alza es de 247 en el primer indicativo y de 3.464 en el segundo. Todo ello teniendo en cuenta, apuntan desde la UBU, la distancia que existe en el conjunto de la región en comparación con los campus mejor financiados, como es el caso del País Vasco (10.010 euros por alumno y casi 59.000 por empleado) o La Rioja (9.241 y 50.453). La media nacional se sitúa en 5.786 y 47.990.
Con estas cifras y atendiendo al número de alumnos de la institución burgalesa durante el curso analizado (7.673) y a los efectivos de la plantilla (940), la entidad calcula que el déficit global de ingresos en el primer caso asciende a casi 2,7 millones de euros respecto al conjunto regional y a 4,8 millones si se compara con Valladolid, mientras que en el segundo suma 3,9 millones en relación a la media y 5,2 a la universidad vecina.
Bien es cierto que la evolución de los ingresos desde 2014 ha ido en aumento, aunque no solamente para la UBU, que recibe casi 1.000 euros más en transferencias por matriculado y 2.300 en las de trabajador a tiempo completo. León obtiene 409 y 1.726 más, respectivamente; Valladolid 802 y 1.479, y Salamanca 530 y 607 euros.
El reparto de fondos a través de estos dos indicadores sirve, según fuentes de la entidad local, para explicar cómo se distribuyen los 350 millones de euros que la Junta destina a las instituciones académicas públicas de la comunidad. De este montante anual, la de Burgos obtiene 36 millones, Valladolid 129, la misma cantidad que Salamanca, y 58 van a León. En este sentido, lamentan que no exista un sistema de financiación conjunto y «transparente», de tal forma que es cada una de forma individual la que negocia esas cantidades.
Por ello, las mismas fuentes creen que el campus burgalés «no compite en igualdad de condiciones» con el resto al manejar menos dinero, lo cual no significa que sus resultados «sean inferiores», sino que necesitan de un «mayor esfuerzo» para lograrlos que se incrementaría si se contara con mayor aportación económica.
Consideran, además, que es necesario cambiar el modelo actual para corregir «deficiencias e insuficiencias», aludiendo en este sentido a un sistema contrato-programa que contemple dos tramos de financiación para todas. Uno fijo, de entorno al 85%, y otro competitivo ligado a unos objetivos definidos. No obstante, entiende que debería haber un aumento global en Castilla y León para que al menos se sitúe en la media del conjunto nacional y que ese incremento se vincule a la mejora de los resultados de su actividad, ya sea con la mejor formación de sus alumnos, mayores resultados de investigación y su transferencia, y un refuerzo en internacionalización.
las consecuencias. Ese déficit financiero tiene consecuencias en la plantilla, según los representantes de los trabajadores. Orlando Granado, secretario de la sección sindical de CCOO, asegura que la UBU «agota» todo su presupuesto del capítulo de personal con las transferencias que recibe, mientras que otras universidades consiguen cerrar con superávit. De igual forma, hace alusión a que es más difícil consolidar las categorías más altas del personal funcionario docente e investigador y del de Administración y Servicios (PAS), siendo estas en su conjunto inferiores a las del resto de la región.
En lo que se refiere al cambio en el sistema de financiación, explica que desde siempre han apostado por una mejora del mismo para que resulte equitativo. Sin embargo y respecto a los ingresos por objetivos que propone el rector, advierte de que propia llevar a un aumento de la competitividad entre las instituciones académicas «que no siempre es bueno».
La repercusión en el caso de los trabajadores laborales se ve por ejemplo traducida en los complementos específicos de docencia e investigación. El colectivo verá reconocido el 100% del primer tramo de ambos a partir de septiembre, en Valladolid y Salamanca lo harán también desde esa fecha pero con carácter retroactivo desde enero y en León ya lo estaban cobrando.