La Fiscalía Provincial ha archivado la denuncia presentada por Comisiones Obreras en junio para que se investigaran los cobros por parte de diputados provinciales de dietas y kilometrajes teniendo residencia y puesto de trabajo como funcionarios en Burgos capital.

En concreto, el sindicato pedía que se investigasen los hechos reseñados en los casos de los diputados Ramiro Ibáñez y Ricardo Martínez Rayón, funcionario de prisiones y profesor titular de Universidad, respectivamente, con trabajo y residencia en la capital. Ambos, según explicaba CCOO, habían estado facturando dietas y kilometraje desde la localidad donde ejercían como ediles, Canicosa de la Sierra, en el caso de Ibáñez, y Alfoz de Santa Gadea, en el de Rayón, para asistir a comisiones, juntas de Gobierno y plenos de la institución provincial.

En la misma denuncia se solicitaba, igualmente, que se investigase el cobro de dietas y kilometraje de otros diputados, como Borja Suárez, portavoz del equipo de Gobierno, que estando a nómina de la Diputación, «facturaba y factura el kilometraje desde su residencia en Miranda de Ebro a su centro de trabajo en el Palacio Provincial, donde tiene su propio despacho», recogía la denuncia.

Según informa el sindicato, el fiscal ante dicha denuncia solicita informe -dictamen al secretario general- y concluye que las actuaciones se han justificado conforme a Ley, si bien, afirma, deja la vía abierta a reproducir la denuncia ante la autoridad judicial competente.

Por otra parte, CCOO recuerda en una nota de prensa que recientemente el secretario, «haciendo una interpretación ‘no restrictiva’ de la norma, dio validez al kilometraje que Ángel Guerra facturaba a la entidad por asistir desde Peñíscola a un Pleno ordinario», si bien recuerda «que el diputado arandino, al parecer, ha presentado renuncia al cobro» de las mismas.

Ante estas situaciones, Comisiones ha solicitado por escrito los informes del secretario en ambas actuaciones, y recuerda que el diputado de Personal, Lorenzo Rodríguez, en la pasada mesa de negociación se mostró dispuesto a facilitarlos a la vez que reconoció «que existe un limbo legal al no estar regulado el cobro de dichas dietas y kilometraje por Reglamento alguno, razón por la cual, parece ser, se hace esa interpretación no restrictiva», concluye.