El negocio del silencio

G. Koleva (SPC)-Agencias
-

La violación a una chica en Navidad destapa 16 casos de presunta prostitución infantil en Mallorca, lo que pone de relieve la vulnerabilidad de los tutelados

El negocio del silencio

Navidad. "Ayuda, por favor. Me han intentado prostituir". Este es el desgarrador mensaje que recibió una psicóloga de un centro de menores de Palma. Se trata de la llamada de auxilio de una niña de 13 años, víctima de otra violación múltiple, un suceso que acabó destapando a principios de este mes 16 presuntos casos de prostitución infantil de tutelados en Mallorca.
Según denunció la propia chica, sufrió hasta cinco agresiones sexuales que se prolongaron durante horas en un piso en el barrio de Corea a manos de una manada, la mayoría menores de edad, y algunos internos también en centros de acogida. La víctima, que se había fugado del centro en el que residía -algo a lo que están acostumbrados a hacer muchos chavales- se dirigió al apartamento después de pasar la noche en un bar con una amiga. Lo que no sabía era que todo era parte de una encerrona en la que también participaba su compañera, quien se aseguró de que estuviese bajo los efectos del alcohol y las drogas para ser forzada a mantener relaciones sexuales. 
Una vez iniciada la investigación, las autoridades no se esperaban encontrar con indicios de una presunta red de prostitución infantil en la localidad. Tal y como relató la niña, el tiempo que pasó en el local, varias personas le ofrecieron dinero a cambio de sexo (algo a lo que se negó), destapando una banda que se dedicaba a captar menores en situación de desamparo. 
La noticia levantó las alarmas sobre la realidad a la que deben hacer frente estos jóvenes y su vulnerabilidad a la hora de ser engañados, haciendo hincapié en la responsabilidad de los centros sobre su tutela, algo que muchas veces queda en el aire.
Solo en Mallorca, salieron a la luz 16 presuntos casos de chavales que se escaparon de sus residencias, dependientes del Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS), para ejercer la prostitución, algo que, según confirmaron los propios educadores, ya se conocía. Una «negligencia absoluta» en opinión de algunos trabajadores que vieron cómo no llegó medida alguna para frenar la situación, una lacra que se queda estancada por la falta de medios.
A juicio de algunos profesionales, las instituciones no hacen todo lo que está en su mano para ayudarles a salir de esta vía fácil para conseguir dinero, joyas o ropa. Y es que, parece impensable que achaquen la falta de soluciones a la escasez de medios, cuando las Administraciones otorgan, en el caso más económico, 4.000 euros al mes por menor en el centro, extendiéndose a los 9.000 euros en aquellos que necesiten de atención especial. Un dinero que debería cubrir sin problema alguno cualquier eventualidad, y más aún teniendo en cuenta la inexistente ayuda que reciben las familias para hacer frente a las necesidades de sus hijos.
En este sentido, el Consejo General del Trabajo Social urgió la semana pasada a fortalecer las ayudas para evitar que se repitan estos hechos. «Muchas veces no se tienen medios, no se cumplen las ratios, hay incluso situaciones de violencia hacia los propios profesionales que están desamparados», lamentó la presidenta del Consejo, Emiliana Vicente, para quien no debe situarse nunca el foco hacia los trabajadores, otras víctimas de este problema.
poco común. Los centros no dudan en defenderse y denuncian que los sucesos registrados en Mallorca son muy poco comunes, a la par que sobrecogedores y sorprendentes. Ni Galicia, Cantabria, Navarra, Aragón ni Castilla y León han denunciado situación alguna vinculada a la prostitución infantil. Sin embargo, en Cataluña alarma el hecho de que un 15 por ciento de las víctimas de trata no superan los 18 años, muchos de ellos procedentes de este tipo de instalaciones, mientras que en zonas como el País Vasco se abrieron tres investigaciones en los últimos años.
Es por ello que los expertos insisten en la importancia de crear centros más pequeños y acogedores para realizar un control más personalizado sobre los niños y frenar la vulnerabilidad a la que deben hacer frente los jóvenes que crecen sin sus padres.