Las residencias de personas mayores y con discapacidad deberán someterse a una evaluación continua de calidad, que recogerán la calidad de vida de sus usuarios y la contribución de los apoyos profesionales y los servicios prestado. Un procedimiento que dará lugar a una categorización objetiva de los centros, con informes que serán públicos para que los futuros usuarios o sus familias pueden elegir «con garantías» el centro al que quieran acudir. Asimismo, estas notas serán «determinantes» para que las residencias de titularidad privada puedan acceder a la concertación de servicios con la administración. La consejera de Familia, Isabel Blanco, presentó ayer las novedades que recoge el texto de la futura ley que regulará el modelo de atención residencial para cuidados de larga duración en Castilla y León, y que girará en torno a las unidades de convivencia para que el centro sea lo más parecido a la vivienda habitual de los usuarios.
Es decir, la Junta obligará, cuando esté aprobada la ley a finales de este año o principios de 2022, a que las residencias de nueva construcción sean entornos «íntimos y acogedores», que eviten la masificación y faciliten la convivencia y el desarrollo de proyecto vital de cada persona. Y es que borrador deja muy claro que el usuario será el que tenga la «última palabra» y tomará las decisiones sobre su estilo y sus condiciones de vida. Por lo tanto, se deberá «acatar» el derecho de las personas a gestionar su propia vida y habrá que «respetar» y «apoyar» sus decisiones sobre qué tipo de cuidados y cómo quieren recibirlos.
Otro de los puntos claves de este anteproyecto es la necesidad de que el sistema sanitario público garantice el acceso de los residentes a sus servicios en equidad con el resto de la población, aunque no esto no es óbice para que los centros cuenten con su personal sanitario.
Precisamente en cuanto al personal de las residencias, el texto estipula que la dotación específica de cada centro deberá ser proporcional a las necesidades que presente, teniendo en cuenta sus dimensiones y estructura. Otro de los aspectos novedosos de la futura ley es que incluye el derecho a recibir unos cuidados libres de sujeciones (tanto físicas o mecánicas como químicas o farmacológicas), tal y como han recomendado los grupos de trabajo que han colaborado con el Gobierno autonómico en la elaboración de esta norma.
‘Minihogares’
Y es que la crisis de la covid-19 ha evidenciado la necesidad de introducir nuevos planteamientos sobre el diseño de los centros, por lo que será obligatorio que las residencias de nueva construcción sectoricen las estancias en unidades de pequeño tamaño, cuenten con un plan de contingencias para frenar la expansión del virus y dispongan de una reserva estratégica de material de protección. De esta manera, en los centros las unidades de convivencia contarán con habitaciones –siempre individuales, salvo que por expreso deseo se les asigne doble– y zonas comunes –para cocina, comedor y sala de estar–. Estos ‘minihogares’ no podrán superar una ocupación máxima de 12 plazas.