Familias del Francisco de Vitoria piden más mejoras

Angélica González
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Familias del Francisco de Vitoria piden más mejoras - Foto: Alberto Rodrigo

Se trata de uno de los dos centros escolares de obligada matriculación para los estudiantes con discapacidad motórica y tiene bordillos y carece de rampa de acceso al patio

Dentro de unos meses se cumplirán cinco años desde que, a través de este periódico, un grupo de padres de niños con discapacidad motórica escolarizados en el colegio Francisco de Vitoria criticaron duramente las condiciones en las que se encontraba este centro escolar al que tienen que enviar a sus hijos (la Junta tiene establecido este y el Fernando de Rojas como ‘preferentes motóricos’, lo que quiere decir que es obligatorio que vayan a uno o a otro sin poder elegir entre el resto de los colegios). La primera respuesta que se dio por parte de la Dirección Provincial de Educación fue displicente y acusatoria hacia las familias aunque, más adelante, y cuando el asunto fue abordado en la Consejería de Educación, se sintieron algo más arropadas -Juan José Mateos, el consejero de entonces, tuvo que recordar que era una obligación atenderlas- y consiguieron que se llevaran a cabo algunas reformas que eran indispensables como el asfaltado del patio, la adaptación de los baños o la incorporación de pasamanos en las escaleras.
Un lustro después, la Plataforma de Padres por una Escuela Inclusiva, que se creó entonces y representa a una treintena de familias vuelve a la carga ya que considera que el Francisco de Vitoria sigue teniendo deficiencias importantes en cuanto a la adaptación para el alumnado con movilidad reducida. «No podemos comprender que siga habiendo tantas carencias cuando se trata de un centro educativo preferente motórico al que obligan a ir a los niños con estas dificultades», explican.
Y aún reconociendo que se hicieron mejoras -«si tuviéramos que ponerle nota se pasó de un uno a un dos y medio»- es aún larga la lista de reivindicaciones que tienen para que las instalaciones sean perfectamente adecuadas para el satisfactorio desarrollo de sus hijos. No pueden entender, por ejemplo, cómo es posible que sigan existiendo bordillos en un colegio al que van niños con dificultades de movimientos, algunos de los cuales utilizan silla de ruedas. Su desaparición es algo que también ha solicitado el colegio en repetidas ocasiones. Ponen el foco, además, en la necesidad de una rampa de acceso al patio y en la existencia de una escalera lateral que salva tres metros de altura y está muy mal conservada por lo que, entienden ellos, es peligrosa para todo el alumnado.
La deficiente conservación general del edificio en el que se ubica el colegio, que es propiedad de la Universidad de Burgos, entidad que no tiene ningún plan para él salvo el hipotético de venderle si hubiera algún comprador, amenaza, a juicio de la Plataforma, la seguridad de todos los niños. Se refieren, en concreto, al abandono de la tercera y la cuarta planta, que no se utilizan. «Contienen elementos peligrosos como cristales en algunos puntos la fachada tiene el aspecto de estar a punto de desprenderse. No quisiéramos que ocurriera ningún accidente».
Pero las críticas de las familias no se quedan en el plano meramente material. Se duelen de que la Dirección Provincial de Educación es una institución «poco o nada inclusiva»: «Solo hay que ver el lenguaje que utilizan para referirse a nuestros hijos, que han llegado a llamarles minusválidos. Tienen una concepción muy asistencial de la discapacidad y eso hace que estén  lejos de ofrecer una escuela inclusiva», detalla Fernando Garro, uno de los padres que ejerce como portavoz del colectivo.
Frente a este estilo contraponen el de la provincia de Valladolid, donde los medios técnicos y humanos son superiores a los de Burgos y, a su juicio, tienen más prácticas inclusivas: «Allí, los colegios tienen recreos inclusivos y dirigidos, supervisados por un fisioterapeuta y  cuentan con equipos de orientación para el alumnado con movilidad reducida».
Les gustaría, por otro lado, que el profesorado que trabaja en estos centros tuviera una formación específica en discapacidad, algo que ahora no es obligatorio: «Pensamos que debería serlo si se imparte docencia en un colegio con un número determinado de alumnos con discapacidad. Además, hay una gran itinerancia de profesionales que hace que la mayor parte de la plantilla sea nueva cada año dando nula continuidad a su labor y que cuando han cogido ya el tranquillo a los alumnos con necesidades especiales se tienen que ir del cole».
Todos estas carencias han sido puestas en conocimiento de la directora general de Innovación y Equidad Educativa, con la que los padres se reunieron el 9 de mayo y también se han trasladado al presidente del CERMI de Castilla y León (Comité de Representantes de Personas con Discapacidad), Juan Pérez Sánchez.