La propuesta de los dos partidos en el Gobierno -PSOE y Podemos- de reformar la Ley de Seguridad Ciudadana se topa con la oposición frontal de la mayoría de las asociaciones policiales (Policía Nacional, Guardia Civil y Cuerpos Locales), porque entienden que «limitará» la capacidad de actuación de los agentes «ante eventos de gran conflictividad social». Seis sindicatos han formado un frente común que va a adquirir visibilidad el próximo 24 de noviembre, durante una protesta convocada a las 12 del mediodía frente a la Subdelegación del Gobierno, en la calle Vitoria.

En esta movilización, policías y guardias civiles pondrán de manifiesto su descontento y preocupación «por el impacto que la reforma puede tener sobre las condiciones laborales y la integridad física de los funcionarios». Entre otros extremos, la modificación tiene previsto que grabar a las fuerzas policiales y difundir las imágenes ya no constituya una infracción, lo que «atenta» -según las asociaciones- «contra» su «derecho a la intimidad» y constituye «un grave riesgo para la integridad física de los agentes, una nueva falta de respeto a todos los policías en el ejercicio de sus funciones».

Otro de los cambios previstos pasa por que las manifestaciones espontáneas no tendrán que ser comunicadas previamente, lo que  «chocaría con el artículo 21.2 de la Constitución que señala la obligación de comunicación previa a la autoridad en los casos de reuniones en lugares de tránsito público y manifestaciones».

También se oponen los sindicatos a que se reduzca el tiempo de la detención de 6 a 2 horas a las personas que se nieguen a identificarse y que haya que devolver a los arrestados al lugar donde se produjo la intervención.