El Gobierno esperará el criterio del Tribunal Supremo sobre la potestad de las comunidades para restringir derechos fundamentales fuera del estado de alarma para hacer cambios legales si fuera necesario, aunque el PP cree que su ley de pandemias acabaría con este "desaguisado" en solo 15 días.

Desde el Ejecutivo están convencidos de que no son necesarias actuaciones concretas para evitar situaciones como las vividas este fin de semana en varias ciudades españolas tras el decaimiento del estado de alarma porque, entre otras cosas, las autonomías cuentan con un arsenal de posibilidades más que suficiente para atajarlas.

Lo que los gobiernos autonómicos no pueden, por el contrario, es decretar medidas como el toque de queda o el cierre perimetral sin estado de alarma, si bien les ha recordado que la ley les permite pedir al Gobierno central que aplique esta situación excepcional en su territorio para poder así implementarlas.

Así lo ha señalado el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, en una columna en "El País", donde ha señalado que "se estudiarán y se propondrán a las Cortes" cambios legales adicionales si se ven necesarios tras el pronunciamiento del Supremo, que en última instancia debe decidir qué restricciones de derechos fundamentales puede aprobar un gobierno autonómico.

Tras lo cual, Campo ha aclarado en La Sexta que no es que se esté preparando ninguna reforma legal para restringir derechos fundamentales, insistiendo en que, aunque las comunidades no pueden adoptar este tipo de restricciones sin su paraguas, pueden pedirlo al Gobierno cuando así lo estimen conveniente.

Comportamientos preocupantes y esperables, pero no generales

De "bastante lamentable" ha tachado las fiestas y botellones multitudinarios convocados para festejar el fin del estado de alarma, pero ha reiterado que "no hay necesidad ninguna de hacer un cambio normativo ahora mismo" porque comunidades y ayuntamientos tienen "un arsenal normativo" para impedirlo.

En sus manos está, por ejemplo, limitar el horario a la hostelería y los comercios, mientras que los botellones ya están prohibidos por ordenanzas municipales.

Su compañero de gabinete, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, considera "preocupantes" esos comportamientos, pero ha pedido "no descontextualizar" porque se trató de una circunstancia muy concreta ocurrida nada más finalizar la situación excepcional la medianoche del domingo.

Imágenes que eran previsibles para el titular de Política Territorial y Función Pública, Miquel Iceta, quien ha considerado que era "esperable una explosión de júbilo y alegría al acabar el estado de alarma, lo que no es esperable es que eso sea una nueva norma de conducta".

No obstante, ha hecho hincapié en que "para prohibir el botellón en la calle no hace falta un estado de alarma". "Las medidas de restricción de derechos fundamentales han de ser excepcionales y acotadas en el tiempo. Un estado de alarma no puede ser la norma permanente", ha zanjado.

El PP exige un plan B

Pero las intenciones del Gobierno no convencen al PP; su líder, Pablo Casado, le ha exigido negociar una alternativa al estado de alarma, el plan B jurídico que los populares reclaman desde 2020 y que consiste en una reforma de la Ley de Salud Pública de 1986 que apenas llevaría 15 días.

"Volvemos a pedir desesperadamente que volvamos a una negociación para cambiar la legislación de pandemias", ha recalcado Casado, quien ha culpado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de las vidas y contagios que se lleven las aglomeraciones que las comunidades autónomas no puedan evitar ante la falta de reformas legislativas.

Y "si el Ejecutivo quiere, en 15 días acabamos con este desaguisado", ha añadido el secretario general de los populares, Teodoro García Egea.

El portavoz de Cs, Edmundo Bal, ha planteado que sea la Audiencia Nacional la que convalide las restricciones de movilidad, evitando así "la situación caótica" tras decaer el estado de alarma, y ha tildado de sorprendente que el Gobierno haya vuelto a cambiar de opinión.

"Atónito" se ha quedado el portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, ante el "giro" en el posicionamiento mantenido hasta ahora por el Gobierno en relación al fin del estado de alarma, ya que "no admite que ha metido la pata".

Vox, por su parte, presentará mociones en todos los parlamentos autonómicos para reclamar que "en ningún caso mantengan los toques de queda y las limitaciones arbitrarias al derecho de reunión", así como recursos contenciosos contra cualquier decreto regional que conserve "injustificadas restricciones a los derechos y libertades", según ha avanzado el portavoz de Vox, Jorge Buxadé.

La reacción de las comunidades

De momento, ha sido el Gobierno canario el primero en anunciar un recurso al Supremo después de que el Tribunal Superior de Justicia de la comunidad no autorizara ni el toque de queda ni el cierre perimetral que quería imponer.

En Madrid, la delegada del Gobierno, Mercedes González, ha pedido al Ejecutivo regional que tome medidas "valientes", como el toque de queda, pero el consejero en funciones de Justicia, Interior y Víctimas, Enrique López, ha descartado de plano "encerrar a siete millones" de personas por culpa de "unos centenares de jóvenes".

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha mostrado su preocupación por estas concentraciones nocturnas y ha denunciado la "alarmante improvisación e irresponsabilidad" del Gobierno central: "Sabíamos que esto iba a llegar".

Andalucía no descarta "ninguna de las posibilidades" que tenga a su alcance con autorización judicial si se produce un rebrote importante y la incidencia repunta a gran nivel, incluido imponer de nuevo un toque de queda en la comunidad.

Y el de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha subrayado que la solución para que las medidas que adopten las comunidades autónomas para luchar contra la pandemia es aprobar nueva legislación sanitaria, ya que "el Tribunal Supremo no puede ser un juzgado de guardia".

Por su parte, desde la Comunitat Valenciana, que sí mantiene el toque de queda desde el domingo, su presidente, Ximo Puig, ha asegurado que las imágenes de las fiestas callejeras celebradas en Madrid o Barcelona tras el fin del estado de alarma son "lamentables", generan "mala imagen" y "dañan la convivencia".

El presidente de Aragón, Javier Lambán, no prevé ni introducir el toque de queda ni otros instrumentos dado que la ley autonómica 3/2020 permite afrontar "buena parte de las eventualidades" porque esta norma ha sido "un acierto" que "envidian la mayor parte de las comunidades autónomas".

Cantabria no va a plantear de momento restricciones sanitarias al Tribunal Superior de Justicia de la comunidad autónoma, sino que ha optado por esperar que el Tribunal Supremo fije una doctrina.