La nueva Ley de Cambio Climático y Transición Energética, recién aprobada por el Congreso de los Diputados y que va a pasar por el Senado acarreará al Valle de Tobalina otro varapalo tras el cierre de Santa María de Garoña. La norma del PSOE y Podemos, que salió adelante con la abstención del PP y Más País Verdes Equo y la oposición de VOX, declarará todas las obras del Plan General de Residuos Radioactivos de interés general y las excluirá de cualquier control urbanístico preventivo municipal. Para el Ayuntamiento tobalinés significará dejar de cobrar varios millones de euros por las licencias de obra que se iban a tramitar por las obras de desmantelamiento de la planta nuclear.
La alcaldesa, Raquel González, no ha hecho cálculos sobre lo que hubiera podido ingresar el municipio, pero no hubieran sido menos de 10 millones de euros, teniendo en cuenta que la Empresa Nacional de Residuos Radioactivos (Enresa) ha cifrado el coste del desmantelamiento en 468 millones y el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras en Tobalina grava con un 4% a las obras de un coste superior a 200.000 euros.
De hecho, la licencia de obra solicitada por Nuclenor y Enresa en 2016 para ejecutar las obras del Almacén Temporal Individualizado no estuvo exenta de conflicto y acabó en los tribunales. Enresa y Nuclenor desembolsaron sin problemas la licencia por la obra civil, que ascendía a 80.200 euros, pero se negaron a abonar otros 134.000 por los primeros cinco contenedores para el combustible irradiado, que se incluían en el proyecto. Esta batalla judicial llegó al Supremo en el caso de otras centrales nucleares, donde ya hay combustible irradiado en contenedores depositados en sus respectivos almacenes y fue ganada en todos los casos por los ayuntamientos, por lo que Enresa hubo de abonar las licencias, mientras que en Garoña el cobro quedó en suspenso hasta la llegada de los contenedores. Con la nueva ley, los otros 44 contenedores, que ya se fabrican en Equipos Nucleares S.A., en Santander, ya no abonarán licencia.
González lamenta que esta decisión del Gobierno «va a repercutir negativamente en nuestro futuro y nuestro desarrollo, puesto que ya sufrimos una bajada de los ingresos que no vamos a ver compensada en el desmantelamiento». La alcaldesa se refiere a la desaparición del IAE y la reducción del IBI, que ya han generado una reducción anual de los ingresos municipales cercana al millón de euros.
«Sin ingresos vía impuestos y si no se genera empleo en el desmantelamiento, nuestro municipio está condenado a perder población y servicios», señala la regidora, quien considera que las áreas nucleares deberían de percibir «compensaciones» por todo el tiempo que han convivido con la actividad impuesta de una central. Además, al igual que la Asociación de Municipios en Áreas Nucleares (Amac), critica que «el municipio va a soportar obras, tráfico y movimiento y no se nos va a implicar ni dar participación en nada».
El presidente de Amac, Juan Pedro Sánchez, planteaba hace pocos días como esta nueva normativa «supone un grave perjuicio para los municipios, ya que se podría instalar un ATC (almacén temporal centralizado) de residuos nucleares, un ATI (almacén temporal individualizado) en la puerta de casa o ampliar el Centro de Almacenamiento de El Cabril sin que los ayuntamientos podamos participar en el proceso» y sin tan siquiera tener pedir permiso de obras, una de las herramientas que los municipios tenían para el control de estas tareas que ahora les serán ajenas. Mientras, sigue pendiente la firma del convenio para la transición justa que tratará de compensar con inversiones el cierre de Garoña. Su firma se anunció para esta primavera, pero no hay noticias.