Test de anticuerpos para toda la plantilla municipal

J.M.
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El Ejecutivo socialista acude a la tramitación de emergencia para realizar un desembolso de unos 100.000 euros y el PP denuncia que el procedimiento seguido «vulnera la legalidad»

Dependencias de trabajadores en la Casa Consistorial. - Foto: Alberto Rodrigo

El pasado 20 de mayo, tras una petición previa del área de Personal, el concejal de Hacienda,David Jurado, firmó una resolución en la que se daba autorización para contratar, «por el trámite de emergencia», la realización de pruebas analíticas en sangre que permitan saber quién de los alrededor de 1.300 empleados municipales han generado anticuerpos del coronavirus. Unos test que se podrán realizar de manera «voluntaria», según aclara la edil de Personal, Blanca Carpintero, y que tendrán un coste para las arcas municipales de alrededor de 100.000 euros.

Carpintero detalla que ahora mismo «se está tramitando todo» y habrá que decidir los criterios para establecer a qué trabajadores se les ofrece antes la realización de unas pruebas que aún no se han realizado pese a que la resolución que pone en marcha el trámite de emergencia se firmó hace ya algo más de un mes.

Precisamente esa es una de las  cuestiones que denuncia el PP ya que en el artículo 120 de la Ley de Contratos del Sector Público s establece que «el plazo de inicio de la ejecución de las prestaciones no podrá ser superior a un mes, contado desde la adopción del acuerdo» por parte del Órgano de Contratación. Y no parece, por lo manifestado por Carpintero, que se haya realizado ningún test a los empleados municipales.

Pero más allá de esta situación y sin entrar en el fondo del asunto ya que tampoco han cuestionado que se realicen las pruebas a los trabajadores del Ayuntamiento, el concejal popular Jorge Berzosa, habla de «una nueva ilegalidad» ya que, a su juicio, el equipo de Gobierno del PSOE está utilizando la tramitación de emergencia con una manga ancha que no le da la Ley.

El mismo artículo de esta normativa establece que la tramitación de emergencia se puede realizar «a causa de acontecimientos catastróficos, de situaciones que supongan grave peligro o de necesidades que afecten a la defensa nacional». Y aunque el coronavirus es una situación excepcional, los populares no ven que encaje en este supuesto. Pero aunque hubiera estado justificado, debería de haberse resuelto en el mes que da de plazo la Ley.

La norma es clara a este respecto ya que afirma que «si se excediese este plazo, la contratación de dichas prestaciones requerirá la tramitación de un procedimiento ordinario». Es decir, con una licitación pura y dura de concurrencia abierta.
En el Ejecutivo socialista no aportan más detalles ya que consideran que se trata de una iniciativa de carácter «interna» a la que prefieren no dar demasiada difusión pública.

En Vox ya preguntaron la semana pasada por este procedimiento del que habían tenido conocimiento antes del Pleno y donde les aclararon que las pruebas se realizarían de manera voluntaria.

El PP se está planteando presentar un recurso contra el procedimiento seguido.