Cuando Marruecos ha decidido volver a vigilar la frontera con Ceuta, la llegada de sus nacionales a la ciudad autónoma española ha disminuido considerablemente. De forma paralela se ha producido una vuelta de marroquíes hacia su país en buena medida de forma voluntaria una vez que se han dado cuenta de que habían sido utilizados por el régimen alauita como instrumentos de una operación política que no tenía ninguna intención de facilitar sus deseos de mejorar su nivel de vida traspasando la línea que divide las dos partes más desiguales del mundo.
Ante una situación excepcional como la que ha provocado Marruecos al cesar en la vigilancia de la parte de su frontera, la respuesta también ha tenido un alto grado de excepcionalidad hasta el punto de desconocerse cuál es el procedimiento vigilancia judicial que se ha utilizado para proceder a las devoluciones. En el caso de las personas mayores, la policía o los militares de apoyo se han limitado a ordenar el tráfico de vuelta, sin más trámite ni contemplaciones burocráticas, que recuerdan a aquellas palabras del portavoz del Gobierno de José María Aznar, Miguel Ángel Rodríguez, cuando se metieron a 103 africanos drogados en un avión y afirmó que “teníamos un problema y lo hemos solucionado”. En este caso, la oposición conservadora ha pedido al Ejecutivo que se procediera a la devolución inmediata de todos los marroquíes que han entrado de forma irregular en territorio nacional.
La cobertura judicial para hacerlo es fundamentalmente el acuerdo bilateral entre España y Marruecos que se utiliza habitual para la devolución de los nacionales marroquíes a su país. Por otra parte, el Tribunal Constitucional ha validado recientemente el artículo de la “ley mordaza”, que permite las devoluciones en caliente salvo de menores y personas vulnerables. También la justicia europea ha dado la razón a España por ese motivo. Pero las devoluciones en caliente siguen estando en el punto de mira de las organizaciones de defensa de los derechos humanos.
Cuestión distinta es lo que puede ocurrir con los menores no acompañados que también han sido enviados a España por Marruecos y que, como sus mayores, en muchos casos han decidido volver voluntariamente con sus familias al ver el engaño al que habían sido llevados sobre sus posibilidades de pasar a la península, pero que acentúan el problema de saturación de los centros de acogida. La ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra ha pedido ayuda a las comunidades autónomas para que acojan a dos centenares de menores ya tutelados en los centros ceutíes y dejar hueco a los recién llegados.
Unas comunidades autónomas, de todos los colores políticos, se han mostrado más solidarias que otras, con el caso singular del gobierno andaluz que inicialmente estaba dispuesto a recibir menores no acompañados, pero que ha tenido que enfrentarse a la amenaza de Vox de retirarle su apoyo parlamentario si se producía la llegada de menores procedentes de Ceuta, porque precisamente ese asunto es determinante para el partido de extrema derecha.
La aceptación de la vuelta de los retornados ha tenido, en sentido contrario, un efecto imprevisto para las autoridades marroquíes, la vuelta de sus nacionales que se habían quedado encerrados en Ceuta cuando cerraron las fronteras con España para evitar la propagación del covid-19.