Las terrazas son la tabla de salvación a la que se aferra la hostelería para salvar la crisis del coronavirus. Existen casi doscientos locales que tienen permiso para ponerla pero algunos todavía no han podido colocar mesas para sus clientes, mientras que en la misma calle otros están incluso utilizando plazas de aparcamiento para ampliar el espacio. El problema es que el criterio municipal "no está claro", denuncian desde la asociación Altamira, que agrupa a casi dos tercios de los establecimientos de la ciudad.
Para compensar las limitaciones de aforo y facilitar el cumplimiento del protocolo sanitario, en las aceras más estrechas el Ayuntamiento permite ocupar una zona de asfalto para la terrazas. Sin embargo, cuando algunos locales han solicitado esta medida han encontrado una sorprendente negativa. Los motivos esgrimidos por el equipo de gobierno es que solo se autoriza a quienes ya tuvieran terraza el año anterior, no a los que la piden por primera vez, "pero a varios de los que se la niegan son de los que han tenido terraza todos los veranos", asegura Pepe Rey. El presidente de los hosteleros pide "un trato igualitario" para no perjudicar a ningún negocio porque "tenemos que jugar todos con las mismas cartas y que las normas estén claras antes de empezar la partida".
De la reunión mantenida el martes con los representantes de la corporación, salió con las mismas dudas. "Ellos se escudan en la ordenanza pero hay casos que cumplen y aún así no se les permite sin que exista un argumento convincente. Si quisieran podrían ser mucho más flexibles pero el tema se deja en manos de un funcionario que su primera respuesta a todo lo que se le plantea siempre es un no rotundo, y así es difícil avanzar".
Ante la desesperación de algunos propietarios al ver peligrar su negocio, solicitaron la ordenanza para analizarla pero han tardado una semana en obtenerla, una espera que agrava la sensación de improvisación. "Parece que están buscando las vueltas para adaptarla a lo que quieren", asegura Rey.
Los hosteleros reclaman una solución inmediata para que los bares afectados no sigan perdiendo tiempo y dinero. Si no llega, se plantean presentar una demanda judicial conjunta. "A veces se olvidan de que de la hostelería comen 1.500 familias en Miranda", apuntan.
A pesar de las anunciadas ayudas para el alquiler, el sector se siente poco respaldado por el Ayuntamiento. "Las bases dejaban fuera a muchos y eso que solo te daban 400 euros", afirma Rey para explicar porqué un alto porcentaje de autónomos no han pedido las mismas. Pero su malestar va más allá de lo económico ya que consideran que en una ciudad en la que la hostelería tiene un peso esencial en la economía, no se están adoptando medidas que ayuden a la reactivación. "No todo consiste en dar subvenciones sino que hay otras iniciativas que son mucho más efectivas. En ciudades más pequeñas del entorno se están dando todo tipo de facilidades o se están poniendo en marcha ideas que están funcionando, pero aquí todo lo que proponemos se rechaza".