La Junta de Castilla y León implanta la cultura de la integridad en el cumplimiento normativo como «barrera» para evitar determinados comportamientos irregulares y la corrupción tanto en la Administración autonómica, como en los órganos autónomos y entidades públicas. Para ello, el Consejo de Gobierno adoptó el acuerdo por el que se determina el asesoramiento legal preventivo por parte de los Servicios Jurídicos de la Junta, en especial a las empresas públicas, según explicó en la comparecencia posterior el consejero de la Presidencia, Ángel Ibáñez. El texto recoge la definición y alcance de las funciones de asesoramiento jurídico preventivo, compliance, que se atribuyen a la Consejería de la Presidencia a través de los Servicios Jurídicos de la Comunidad, de forma que se cumple el compromiso asumido por el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, en una comisión de investigación de las Cortes, celebrada el 30 de julio de 2020.
Al respecto, Ibáñez expuso que el ‘compliance jurídico’, una herramienta utilizada por el sector privado y que ahora se extiende al ámbito público de la Comunidad, surge ante la conciencia social y ciudadana de que la administraciones que nacieron para prestar servicios lo hagan de una manera «eficaz y eficiente», se guíe de manera proactiva y transparente y haga una evaluación de sus resultados, de acuerdo a una «gobernanza de calidad y buen gobierno», que prime los intereses generales.
Por tanto, se trataría del conjunto de actuaciones de contenido jurídico que tienen como objetivos la minimización de riesgos en la toma de decisiones, la anticipación y prevención de problemas jurídicos, la resolución de conflictos judiciales, y la difusión de la cultura de la integridad jurídica. Asimismo, el titular de la Presidencia recordó que esta iniciativa se enmarca en el acuerdo de Gobierno de PP y Cs, que, explicó, se comprometieron a luchar contra el fraude, la corrupción y cualquier otra actividad ilegal de la administración y sus entes. Esta figura nueva, que convierte –dijo– a la Comunidad en «pionera» busca la prevención penal de posibles comportamientos irregulares así como poner «barreras» ante posibles ilegalidades o casos de corrupción.
Cuatro áreas
El ‘compliance’ administrativo se desarrolla mediante informes de contenido jurídico para la fijación de criterios que se consideren de particular relevancia. El penal, que se desarrolla mediante un protocolo de contenido jurídico de obligada asunción por los órganos de estas empresas públicas donde se contemple el conjunto mínimo de medidas de prevención. El de mediación intrajudicial se implanta ante el posible ofrecimiento de mediación una vez comenzado el proceso judicial. Finalmente, el de gestión del conocimiento, consistente en la realización de estudios y encuentros.