La Junta argumenta razones jurídicas en la comisión eólica

SPC
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La Junta defiende la entrega del 90% de la documentación solicitada por los grupos en la Comisión de Investigación de las Eólicas

La Junta argumenta razones jurídicas en la comisión eólica - Foto: Ical

La Junta de Castilla y León defendió hoy que la Comisión de Investigación sobre la adjudicación de parques eólicos, el edificio de Arroyo de la Encomienda, los terrenos de Portillo y las sedes en el exterior dispone del 90 por ciento de la documentación solicitada por los grupos de las Cortes, y que sólo entre un cinco y un diez por ciento de estos informes no se remitirán, teniendo en cuenta que se trata de un proceso judicializado, y que, de acuerdo a la doctrina jurídica, a quien tiene que reclamarse es a los tribunales que llevan el caso ya que, de lo contrario, la Administración autonómica recaería en un delito de desobediencia, como informa Ical.

La Junta contesta de este modo al Grupo Socialista, que ayer bloqueó la Comisión por la falta del informe jurídico que avala la denegación de una documentación al Grupo Socialista, que considera que sin el mismo se condiciona su trabajo y avisó de que utilizarán todas las vías legales para que se conozca la verdad. Es más, precisa que esta documentación pendiente tiene una naturaleza técnico jurídica para las defensas y acusaciones en el ámbito penal, que "en nada entorpece el funcionamiento de la Comisión parlamentaria". 

En un comunicado recogido por Ical, la Junta expresa que respeta la doctrina judicial sobre la petición de documentación. Así, alude a razones fundadas por el derecho, en cuanto que existen limitaciones fundamentales para denegar la remisión de parte de los documentos solicitados, aquellos que están en procedimientos judiciales penales, ya que se pueden lesionar los derechos fundamentales y libertades públicas de las personas. Es más, los servicios jurídicos precisan que la decisión sobre la remisión de información o no de los documentos incorporados a un procedimiento penal, y en su caso cuáles, corresponde al titular del Órgano Judicial competente en cada caso.

Antecedentes

El 20 de febrero de este año, los Servicios Jurídicos de la Junta recibieron por parte de las Cortes de Castilla y León la petición de envío de documentación sobre el procedimiento de adjudicación e implantación de parques eólicos en Castilla y León, sobre la adquisición de terrenos de Portillo para la construcción de un parque empresarial y la del Edificio Centro de Soluciones Empresariales de la Junta de Castilla y León en Arroyo de la Encomienda, y sobre las oficinas del sector público de Castilla y León, con inclusión de ADE Internacional EXCAL en ciudades del exterior de España. 

La Junta precisa que el 22 de mayo emitió el informe jurídico respecto a dicha petición de documentación. En él, la dirección de los Servicios Jurídicos de la Consejería de la Presidencia diferencia tres clases de documentación, a efectos de poder entregársela a la Comisión de Investigación.

Por un lado, los expedientes administrativos previos a la investigación penal –constituye la mayor parte y la más voluminosa-, que sí debían enviarse. Por otro, la documentación propiamente judicial, que los Servicios Jurídicos de la Junta poseen por ser parte en el proceso judicial, y que incluyen las resoluciones judiciales, diligencias de ordenación o autos, y los documentos administrativos o técnicos nuevos que se van elaborando e incorporando judicialmente al proceso de investigación a instancia del ministerio fiscal o de las partes. Esta información, explican, no puede enviarse desde la Junta al Parlamento autonómico.

En tercer lugar, la documentación procesal de las partes personadas en el proceso judicial -documentos de representación y defensa o acusación aportados por la fiscalía, las acusaciones o las defensas de las partes en el proceso judicial-, que tampoco pueden enviarse desde la Junta.

La Dirección de los Servicios Jurídicos entiende que la documentación judicial debe reclamarse a los órganos judiciales que los están tramitando, "como así se intentó por las Cortes, y que obtuvo la negativa de los mismos a su entrega, en protección del proceso judicial y de las garantías procesales y de defensa de las partes en el litigio". Por esta razón, también la Dirección de los Servicios Jurídicos adjuntó, antes de emitirlo, su proyecto de informe a los Juzgados afectados, en el que limita la documentación que puede entregar, con el fin de que quedara constancia y se conociera el estado de la tramitación de las solicitudes que habían efectuado las Cortes -Juzgado de Instrucción Nº 4 de Valladolid Diligencias Previas 658/2017, y Juzgado de Instrucción Nº 2 de Valladolid Diligencias Previas 5035/2013-.

Con esta decisión, los Servicios Jurídicos "evitan a la Junta de Castilla y León encontrarse posteriormente con acusaciones por delito de desobediencia a lo ya acordado por el Juzgado de no entrega, o con la posibilidad de interposición de denuncias y/o querellas por aquellas personas que están siendo investigadas en los procedimientos penales".

"Dentro del máximo respeto a la autonomía del legislativo, debe tenerse en cuenta además, como señala el informe de la Dirección de los Servicios Jurídicos, que el ámbito de la actividad investigadora de las cámaras parlamentarias ha de desarrollarse con arreglo a parámetros, no de legalidad penal o administrativa, sino políticos o de oportunidad, y se debe contraer al esclarecimiento o conocimiento más exacto posible de los hechos objeto de la investigación, a la determinación de la responsabilidad política y a la formulación de propuestas o recomendaciones".

Por último, los Servicios Jurídicos de la Junta recuerdan la Sentencia del Tribunal Constitucional 12/2019, de 28 de enero, que señala en su fundamento ocho que "es preciso evitar toda confusión entre la labor investigadora que puedan llevar a cabo las asambleas autonómicas o las Cortes Generales y aquella que corresponde a los órganos integrantes del Poder Judicial".

"Las comisiones parlamentarias -continúa la sentencia-, cuando actúan en el ejercicio de sus facultades de investigación y estudio, emiten, como les es propio, juicios de oportunidad política que, por muy sólidos y fundados que resulten, carecen jurídicamente de idoneidad para suplir la convicción de certeza que solo el proceso judicial garantiza. Esta distinción no solo es predicable del resultado de la investigación sino que se aprecia en toda la actividad desarrollada por las comisiones parlamentarias de investigación, a las que no puede exigirse la objetividad e imparcialidad propia de los órganos jurisdiccionales…”. 

Por último, el informe de la Dirección de los Servicios Jurídicos recomienda, "dado el tenor del escrito del presidente de las Cortes de Castilla y León reclamando dicha documentación, del que puede deducirse que la Comisión de Investigación no tiene carácter público, para tener mayor certeza, y dada la trascendencia de la documentación solicitada, el carácter de sus deliberaciones, y la evitación de hipotéticas peticiones de responsabilidad de la Junta o de la Administración Autonómica por afectación de derechos fundamentales de los investigados y los imputados, que la Administración autonómica se cerciore de ello o, en su defecto, procedería que se solicitara por la Junta de Castilla y León a las Cortes el carácter secreto de las actuaciones, al amparo del artículo 7.4 del Reglamento de las Cortes".