El anti independentismo burgalés

R. Pérez Barredo / Burgos
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La clase política burgalesa se erigió en dos ocasiones en adalid de la unidad de España frente a los movimientos secesionistas de Cataluña en el primer tercio del siglo XX

El anti independentismo burgalés

Fuese porque se sintiera depositaria de la esencia española, acaso imbuida por el espíritu noventayochista y su manido lamento de que Castilla hizo a España y España deshizo a Castilla, lo cierto es que la clase política burgalesa del primer tercio del siglo pasado se erigió en defensora de la unidad de España como ninguna otra entonces. La sombra de la desmembración del Estado, del desafío soberanista, procedía de la misma región que ahora: Cataluña. Hasta en dos ocasiones, desde Burgos se enarboló la bandera de la unión y el anti independentismo. 
La primera se produjo bajo el reinado de Alfonso XIII y durante la campaña autonomista catalana de los años 1918 y 1919, considerada como el primer movimiento a favor de la concesión por parte de las Cortes Generales de un Estatuto de Autonomía para Cataluña. En diciembre de 1918, la Diputación de Burgos se convirtió en anfitriona de un encuentro al que asistieron representantes de una decena de instituciones provinciales (de Ávila, León, Palencia, Salamanca, Segovia, Soria, Valladolid, Zamora, Logroño y Santander) y que se convirtió en la máxima expresión del rechazo al movimiento nacionalista catalán. Fruto del encuentro se firmó un manifiesto conocido como El Mensaje de Castilla o El Mensaje de Burgos, que trababa de abortar los afanes secesionistas.
Éste se sustanciaba en los siguientes términos: en primer lugar, la afirmación de la unidad nacional; en segundo, una apuesta por la igualdad entre las provincias españolas incluyendo la abolición de fueros; el tercero sugería una amplia descentralización de los territorios, si bien siempre dependiendo del Estado; el cuarto se oponía a la merma de la soberanía española. El Mensaje de la que se conocería después como ‘Liga de las Diputaciones Castellanas’ fue trasladado al Gobierno de Maura. Otras diputaciones españolas aprobaron posteriormente resoluciones similares. Finalmente, en enero de 1919, la Mancomunidad de Cataluña aprobó un proyecto de Estatuto de Autonomía que nunca se desarrolló. El golpe de Estado y la posterior dictadura de Primo de Rivera dieron al traste con aquel proyecto autonómico.
La historia volvería a repetirse sólo quince años después. Era el año 1932 y sobre la mesa del Gobierno de la República estaba el proyecto estatutario presentado por la Generalitat presidida por  Francesc Macià, a la sazón líder de Esquerra Republicana.
En un movimiento sin precedentes, el Ayuntamiento y la Diputación de Burgos convocaron una gran asamblea nacional a la que fueron invitadas todas las corporaciones del país antes de que el texto del Estatuto de Cataluña se debatiera en la Cortes Generales. En las cartas que ambas instituciones burgalesas remitieron a sus homónimas del resto de provincias, se podía leer que en la cita a la que se instaba a participar se esperaba la exposición «del sentir de la Nación sobre cuestión tan interesante y vital para la Patria. (...) Cuán funesta puede ser para España la aprobación del Estatuto de Cataluña, tal como lo ha proyectado la Generalitat, que se ha aprobado unánimemente la idea de que no podíamos permanecer inactivos en momentos tan críticos como los actuales y que era preciso que alguien tomase la iniciativa para tocar a rebato y reunir a cuantos españoles estimen un peligro no grave, sino pavoroso, que el Estatuto catalán llegue a aprobarse por las Cortes». 
La respuesta fue realmente impresionante: cientos de representantes de corporaciones y entidades económicas del país se reunieron durante los días 16 y 17 de enero para debatir, con encendidas y sesudas intervenciones, la cuestión. Se intentó que en ningún momento se viera aquella gran asamblea como un movimiento anticatalanista, procurando que el tono cordial y fraterno para con esta región imperara de principio a fin. 
Pero las conclusiones aprobadas no dejaban lugar a dudas desde el primer punto, que rezaba así: «El proyecto de Estatuto Catalán, tal como ha sido redactado y presentado a las Cortes, es inadmisible entre otras consideraciones por las siguientes: porque tiende a la desmembración política de España con una creación de un Estado autónomo; porque las generaciones nuevas educadas en Cataluña se formarán espiritualmente en pleno divorcio con la gran cultura española; porque las atribuciones del poder de la República quedan reducidas a un mínimo inaceptable, en tanto que las de la Generalitat se multiplican, alcanzando a cuanto hay de más esencial para la vida del país; porque la política y el orden interiores han de estar exclusivamente a cargo del Estado español, no siendo tampoco admisible que la Generalitat pueda disponer a su arbitrio del Ejército patrio; porque la Hacienda española no permite la desarticulación económica patria y menos asentándola, como en el proyecto de Estatuto se hace, sobre bases carentes en absoluto de equidad, con enorme perjuicio para el resto de las provincias de régimen común».
En un segundo punto, los participantes en la asamblea subrayaban la necesidad de que el proyecto de Estatuto «sea profusamente divulgado para que España -que apenas lo conoce- pueda percatarse de su trascendental importancia; asimismo, se apuntaba en tercer lugar la conveniencia de que todas las provincias de España «expresen por el medio que consideren más perfecto y rápido la opinión de sus habitantes sobre el proyecto, encareciendo a sus representantes en Cortes a que se hagan eco ante el Parlamento de aquella opinión». Por último, se recogía que cualquier proyecto de Estatuto que lograse ser aprobado en el Parlamento «deberá contener una cláusula de obligada revisión al transcurrir los cinco años desde que fue promulgado».
 
Deber cumplido. A la conclusión de la asamblea, las autoridades burgalesas se dirigían a la ciudadanía en estos términos: «Burgos ha cumplido con el deber que su historia y su espíritu le marcaban. Que cumplan los demás el suyo y España se librará del fantasma que le amenaza». No fue hasta el mes de mayo cuando se debatió el Estatut en las Cortes Generales. El día 10 de junio se aprobó el artículo primero: «Cataluña se constituye en región autónoma dentro del Estado español con arreglo a la Constitución de la República y al presente Estatuto. Su organismo representativo es la Generalidad y su territorio el que formaban las provincias de Barcelona, Gerona, Lérida y Tarragona». En semanas sucesivas, el resto. El Estatut entró en vigor en septiembre de 1932. Sería derogado en 1938, tras la ocupación de Cataluña por las tropas rebeldes en el transcurso de la Guerra Civil.