2019. La sentencia enciende la calle

EFE
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Las condenas de nueve a 13 años que impuso este año el Supremo a los líderes del procés por sedición y malversación desataron las iras de un independentismo que ahora es clave en la formación de Gobierno

Un manifestante enarbola una ‘señera’ tras los fuertes disturbios que tuvieron lugar en Barcelona durante la semana del 14 de octubre. - Foto: Quique García

Durante la fatídica semana del 14 de octubre, Barcelona y el conjunto de Cataluña vivió uno de los episodios de violencia callejera y de orden público más graves de la democracia. Las condenas de nueve a 13 años de cárcel que el Tribunal Supremo (TS)impuso a los líderes del procés desataron las iras del independentismo que, junto a masivas protestas pacíficas, encendieron las calles con disturbios inéditos.
Las algaradas y las batallas campales ponen así el colofón a un año en el que la actualidad política no ha permanecido ajena a las vicisitudes del juicio, sin que las condenas hayan servido para ensamblar al independentismo en una respuesta institucional consensuada y en una nueva hoja de ruta.

 

El proceso

En cuatro meses y 52 sesiones transcurrió en el Tribunal Supremo el juicio contra los 11 líderes independentistas, sin duda el más mediático de la Historia de España y que casi a diario desbordó la sala de vistas para acabar condicionando la actualidad política.
Atravesado por cuatro elecciones -generales, europeas, municipales y autonómicas-, el juicio estuvo marcado por los alegatos políticos de acusados, testigos y hasta abogados, a menudo con la vista puesta en las urnas, y obligó a la sala a pronunciarse sobre las candidaturas de las que formaban parte los políticos presos.
La Ciudad Condal vivió prácticas de ‘kale borroca’ por parte de algunos grupos de manifestantes.La Ciudad Condal vivió prácticas de ‘kale borroca’ por parte de algunos grupos de manifestantes. - Foto: Toni AlbirDurante la vista, cinco de los acusados fueron elegidos diputados -y suspendidos tras haber sido autorizados a acudir a la constitución de Las Cortes- y un sexto (Joaquim Forn) concejal, mientras los dos abogados de Vox, acusación popular en la causa, se hacían con un escaño en el Congreso.
La vista, televisada al completo y que logró colarse en la sala de estar de muchos hogares españoles, vivió momentos álgidos como el alegato pacificista de un Junqueras que pareció tirar la toalla de la defensa jurídica, la revelación de los planes del mayor Josep Lluís Trapero para detener a Carles Puigdemont tras la declaración unilateral de independencia (DUI) o la proclama final de Jordi Cuixart, que disparó las alarmas entre algunas defensas con su ho tornarem a fer (lo volveremos a hacer).
Al mismo tiempo, el juicio desnudaba las flaquezas del procés, que tanto testigos como algunos acusados redujeron a un intento de poner al Gobierno contra las cuerdas para forzar una negociación, y traía a la memoria los escraches y cargas policiales de octubre de 2017, durante dos días consagrados íntegramente a la reproducción de vídeos del 20-S o del 1-O.

 

Las penas

El 14 de octubre, la víspera de que se cumplieran los dos años de prisión de los Jordis, habló el Supremo: no fue rebelión, como mantenía la Fiscalía, sino la sedición que la Abogacía del Estado puso sobre la mesa a última hora y ya con Pedro Sánchez en La Moncloa.
Estado en el que quedaron algunas de las calles.Estado en el que quedaron algunas de las calles. - Foto: JUAN MEDINAEn concurso con el delito de malversación, la sentencia disparó la condena de los líderes independentistas a penas de hasta dos dígitos de cárcel -que alejan el horizonte de los permisos y el régimen abierto para los reclusos-, lo que enfureció al independentismo sin contentar tampoco a los sectores más beligerantes con el procés.
En un fallo unánime, el TS optó por condenas ligeramente más altas que las que planteaba la Abogacía del Estado -la más elevada, de 13 años de prisión para Oriol Junqueras- al tiempo que condenaba solo por desobediencia, un delito castigado con penas de inhabilitación, a los tres exconsellers que ya estaban en libertad.
La sentencia asumió la tesis de la Fiscalía de que el 1-O y el 20-S hubo episodios de violencia, pero descartó que esta fuera instrumental para lograr la independencia.
Es más, para el Supremo, los acusados nunca pusieron en riesgo el orden constitucional con su referéndum, pero en su afán de movilizar a la sociedad catalana para forzar una negociación con el Gobierno engañaron a «ilusionados ciudadanos» hasta aprobar una DUI «simbólica e ineficaz». Una «ensoñación», en palabras textuales del tribunal.
La condena volvió a poner en el punto de mira a Carles Puigdemont, al reactivarse las órdenes europeas e internacionales para detenerlo, y también dio inicio al proceso de clasificación penitenciaria de los políticos presos, que pronto podrían lograr salidas y permisos penitenciarios, justo en plena negociación por la investidura del socialista Pedro Sánchez.

 

La reacción

El mismo lunes 14 de octubre, a las pocas horas de conocerse la sentencia, el independentismo inició una fase de movilizaciones de una contundencia hasta entonces inédita, promovidas inicialmente por la plataforma Tsunami Democràtic -que provocó ese día el colapso en los accesos al aeropuerto de El Prat- y después por los CDR.
Los llamamientos de los CDR a la revuelta popular fueron correspondidos por centenares de jóvenes que protagonizaron en los días posteriores disturbios callejeros y violentos choques con los Mossos y la Policía Nacional en Barcelona y otras ciudades catalanas.
Los incidentes pusieron contra las cuerdas al conseller de Interior, Miquel Buch, que censuró de inmediato a los violentos, a diferencia del presidente de la Generalitat, Quim Torra, quien tardó dos días en condenar tímidamente unos disturbios que atribuyó a «grupos de infiltrados y provocadores».
Cuatro días después de hacerse pública la sentencia, las protestas alcanzaron su cénit, con una huelga general y una manifestación en Barcelona que congregó a más de medio millón de personas, muchas de ellas procedentes de las Marchas por la libertad, organizadas por la ANC y Òmnium Cultural y que en los días previos habían partido de diferentes puntos de Cataluña.

 

Los partidos

La reacción en la calle contrastaba con la falta de respuesta de la Generalitat a la sentencia, debido a las discrepancias estratégicas de las fuerzas independentistas.
Finalmente, el 26 de noviembre, un mes y 12 días después de conocerse las condenas, el Parlament aprobó, con los votos de JxCat, ERC y la CUP, una polémica resolución suspendida por el Tribunal Constitucional por las referencias al derecho a la autodeterminación y a la reprobación a la Monarquía.
Al margen de las referencias puntuales a la autodeterminación en textos parlamentarios, el Govern de JxCat y ERC no tiene una hoja de ruta acordada sobre cómo ejercerla.
De hecho, el propio president se quedó solo cuando, tras el fallo, planteó como apuesta personal ejercer el derecho a la autodeterminación «en esta legislatura», un planteamiento que cogió por sorpresa al grupo de JxCat y a ERC, que mostró sus recelos ante la idea de poner plazos a una nueva votación.