El 36% de las enfermeras de la provincia, unas 500 profesionales, se jubilarán en Burgos antes de finales de 2030, según una estimación que el sindicato SATSE hizo a finales del año pasado para alertar sobre el envejecimiento de la plantilla y la necesidad de que se tomen medidas para garantizar el relevo generacional.
Ese estudio vuelve a cobrar importancia ahora por varios motivos: hay sospechas fundadas de que la pandemia está acelerando las prejubilaciones tanto en Atención Primaria como en Hospitalaria sin que se haya garantizado el reemplazo (más bien al contrario, es conocida la escasez de profesionales de esta categoría en la provincia) y porque la polémica Estrategia para la Atención Primaria de la Consejería de Sanidad plantea potenciar la figura de la enfermería con la contratación de 499 profesionales en toda Castilla y León. Es decir, los mismos que perderá Burgos en próximos años. Y el problema de la edad media de las enfermeras no es exclusivo de esta provincia, sino general.
El debate, las más de las veces encendido, sobre el plan de la consejería que lidera Verónica Casado para la Atención Primaria suele centrarse en la conocida falta de médicos, que impide cubrir todas las plazas disponibles en los centros de salud y, por lo tanto, llegar a los consultorios (596 en la provincia, según datos oficiales de 2019) de la misma forma que hace años.
Este tema pretende salvarse con lo que Casado y su equipo denominan «gestión compartida de la demanda» que, en teoría, consiste en potenciar más las capacidades de cada profesional, para que no haya profesionales de una categoría haciendo lo que pueden resolver otros. Y dado que buena parte de la atención que precisa una población envejecida y con mucha necesidad de cuidados de enfermería se quiere potenciar este perfil. Lo que no se ha dicho ni comentado todavía es qué se va a hacer para conseguir el número de enfermeras y enfermos suficiente para atender todas esas necesidades. Máxime si se tiene en cuenta que las condiciones laborales y salariales que ofrece Castilla y León son peores que las de País Vasco y Cantabria (...).
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