Dos informes del Estado sustentan la prevaricación imputada a Tenza

P.C.P. / Burgos
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La Audiencia ordena tomar declaración al firmante de uno de ellos antes de seguir la causa contra el exgerente del Yagüe por irregularidades en la adjudicación del sistema informático

Trabajadores del GeneralYagüe se concentraron en febrero de 2010 para apoyar al jefe de Informática, Ricardo Cuadrado, tras su despido. - Foto: Alberto Rodrigo


La investigación judicial contra el exgerente delComplejo Asistencial de Burgos,Tomás Tenza, por los delitos de prevaricación y contra la integridad moral se sustenta en dos informes delEstado que constatan «numerosas irregularidades» e incumplimientos sustanciales en el proceso de contratación del servicio informático del HospitalGeneral Yagüe.
El proceso se inició tras la denuncia presentada por el que fuera jefe delDepartamento de Informática del centro médico,Ricardo Cuadrado, y uno de los tres funcionarios públicos a su cargo. En  el escrito presentado en 2009 ante la Fiscalía Anticorrupción relataban una serie de hechos relacionados con la contratación, por parte de la Gerencia, de una empresa externa. Posteriormente, en marzo de 2010, ampliaron la denuncia con una acusación por supuesto acoso laboral y mobbing contra Tenza.
ElJuzgado de Instrucción número 1 de Burgos dictó un auto en el que ordenaba la transformación de las diligencias previas en procedimiento abreviado y su traslado a las partes personadas para que formulasen sus escritos de acusación y defensa, previos a la apertura del juicio oral. El abogado de Tenza recurrió contra esta decisión ante la Audiencia Provincial, al considerar que no se había agotado la fase de instrucción, y esta le ha dado la razón.
En un auto notificado en marzo, la Audiencia ordena al juzgado que cite a declarar a un funcionario del CuerpoSuperior de Interventores y Auditores delEstado, que fue designado por la Intervención General para emitir el segundo de los dos informes claves del proceso. En él se «concluye que  a la vista de la denuncia y de la documentación examinada, a excepción del contrato inicial que no se ha analizado al no estar incluido en el alcance el informe, en las relaciones contractuales entre el Completo Asistencial de Burgos y la empresa ATOS Origin S.A.E., se incumple de forma generalizada y en aspectos fundamentales las normas de contratación de las administraciones públicas», detalla la resolución judicial.
La Unidad de Apoyo de la Intervención General delEstado emitió un primer informe, fechado el 31 de julio de 2009, tras analizar la documentación inicialmente aportada por los denunciantes, de la que «parecen derivarse numerosas irregularidades en el cumplimiento de la legislación de contratos de las administraciones públicas, y variados pagos a la empresa beneficiaria no soportados en contratos regulares», si bien precisó que necesitaba documentos válidos u otro tipo de pruebas para un pronunciamiento definitivo. De ahí el segundo informe, de mayo de 2010.
Este fue después ampliado para incluir el contrato inicial entre la empresa y elYagüe, a petición del fiscal.Ahora, quien lo redactó deberá comparecer ante el tribunal para contestar a las preguntas y aclaraciones que soliciten las partes. Posteriormente, el juez deberá determinar si cierra la instrucción y da traslado de la causa para formular acusación, como hizo antes del recurso de Tenza.
La investigación judicial contra el exgerente delComplejo Asistencial de Burgos,Tomás Tenza, por los delitos de prevaricación y contra la integridad moral se sustenta en dos informes delEstado que constatan «numerosas irregularidades» e incumplimientos sustanciales en el proceso de contratación del servicio informático del HospitalGeneral Yagüe.
El proceso se inició tras la denuncia presentada por el que fuera jefe delDepartamento de Informática del centro médico,Ricardo Cuadrado, y uno de los tres funcionarios públicos a su cargo. En  el escrito presentado en 2009 ante la Fiscalía Anticorrupción relataban una serie de hechos relacionados con la contratación, por parte de la Gerencia, de una empresa externa. Posteriormente, en marzo de 2010, ampliaron la denuncia con una acusación por supuesto acoso laboral y mobbing contra Tenza.
ElJuzgado de Instrucción número 1 de Burgos dictó un auto en el que ordenaba la transformación de las diligencias previas en procedimiento abreviado y su traslado a las partes personadas para que formulasen sus escritos de acusación y defensa, previos a la apertura del juicio oral. El abogado de Tenza recurrió contra esta decisión ante la Audiencia Provincial, al considerar que no se había agotado la fase de instrucción, y esta le ha dado la razón.
En un auto notificado en marzo, la Audiencia ordena al juzgado que cite a declarar a un funcionario del CuerpoSuperior de Interventores y Auditores delEstado, que fue designado por la Intervención General para emitir el segundo de los dos informes claves del proceso. En él se «concluye que  a la vista de la denuncia y de la documentación examinada, a excepción del contrato inicial que no se ha analizado al no estar incluido en el alcance el informe, en las relaciones contractuales entre el Completo Asistencial de Burgos y la empresa ATOS Origin S.A.E., se incumple de forma generalizada y en aspectos fundamentales las normas de contratación de las administraciones públicas», detalla la resolución judicial.
La Unidad de Apoyo de la Intervención General delEstado emitió un primer informe, fechado el 31 de julio de 2009, tras analizar la documentación inicialmente aportada por los denunciantes, de la que «parecen derivarse numerosas irregularidades en el cumplimiento de la legislación de contratos de las administraciones públicas, y variados pagos a la empresa beneficiaria no soportados en contratos regulares», si bien precisó que necesitaba documentos válidos u otro tipo de pruebas para un pronunciamiento definitivo. De ahí el segundo informe, de mayo de 2010.
Este fue después ampliado para incluir el contrato inicial entre la empresa y elYagüe, a petición del fiscal.Ahora, quien lo redactó deberá comparecer ante el tribunal para contestar a las preguntas y aclaraciones que soliciten las partes. Posteriormente, el juez deberá determinar si cierra la instrucción y da traslado de la causa para formular acusación, como hizo antes del recurso de Tenza.