En aquel luminoso y agitado Cádiz en el que se gestó una de las constituciones más liberales de Europa se dieron cita representantes de todas las tierras del Imperio Español. En la confección de aquella Carta Magna, de la que se cumplen ahora doscientos años y que fue la inspiradora de posteriores textos constitucionales además del primer intento democrático que hubo en España, un burgalés desempeñó un importante papel desde su origen. Se llamaba Francisco Gutiérrez de la Huerta y era natural de Salinas de Rosío, en Las Merindades. Era jurisconsulto, agente fiscal del Consejo y Cámara y abogado de los Reales Consejos. El 20 de septiembre de 1810 fue elegido por los siete compromisarios burgaleses residentes en Cádiz para que representara los intereses de esta provincia en el proceso democrático que se abrió tras constituirse la Asamblea de las primeras Cortes en ese mismo mes de septiembre.
Según José María García León, historiador y autor del libro Los diputados doceañistas (Editorial Quorum), el burgalés es considerado comúnmente como un destacado jurista de opiniones muy conservadoras. «Formó parte de la primera comisión, compuesta de cinco diputados, para la elaboración de un Reglamento de las Cortes, del que fue el máximo inspirador». Asimismo, García de la Huerta formó parte de la comisión de trece diputados para elaborar la Constitución, «teniendo destacadas intervenciones, como la relativa al artículo 15, acerca de que residiesen en las Cortes con el Rey la potestad de hacer las leyes», explica García León.
Respecto al concepto de soberanía nacional expresó que: La nación soberana como poder constituyente posee esencialmente la soberanía como una e indivisible; los poderes constituidos que componen el gobierno establecido por la nación en su ley constitucional ejercen partes de la soberanía. Toda una declaración. Otro historiador, Sánchez Agesta, la interpreta «como una curiosa fórmula de compromiso donde la autoridad de Montesquieu era la única capaz de enfrentarse con la misma soberanía nacional».
Partidario de recortar los poderes ejecutivos de la Regencia, presentó en este sentido un proyecto de decreto junto con Muñoz Torrero y Hermida, considerados padres de ‘La Pepa’. Miembro del Tribunal de las Cortes, presentó su renuncia del mismo, al no estar de acuerdo con el proceder de dicho Tribunal. Precisamente ese mismo día fue elegido Vicepresidente de las Cortes por setenta y siete votos. «Se mostró a favor de la libertad de imprenta, aunque era uno de los redactores del periódico El Procurador General, y se pronunció a favor de la inquisición, habiendo formado parte de la comisión de cinco diputados creada para tratar de su restablecimiento.
Al discutirse la posible reforma de regulares, propuso que se restituyera a los frailes sus conventos en cuanto lo solicitara una comunidad religiosa que, a su vez, estuviera constituida con arreglo a la ley. «Sobre la división territorial propugnada por los liberales, estuvo de acuerdo con ella, argumentando que era necesaria por lo complicado que resultaba la administración de la justicia y la recaudación de las rentas, si bien dejando sentado que no se mezclarán las provincias cuyo lenguaje, educación, costumbres y preocupaciones sean diferentes. Se trata de reunir las que sean de igual índole, idioma y carácter.
Siendo miembro del Tribunal de Cortes, se mostró contrario a la presencia de los diputados suplentes en las Cortes que supuestamente representaban a las provincias americanas que ya se habían declarado independientes. «Pero donde sus críticas se hicieron más patentes fue en el desarrollo de las campañas militares, denunciando la falta de medios y disciplina de nuestros ejércitos y el vilipendio absoluto en que habían caído las leyes militares contenidas en la Ordenanza del Ejército y en los reglamentos, para asegurar el orden y la buen administración de la hacienda militar en campaña», subraya León.
Su adiós
Diputado por Burgos desde la primera sesión constitucional, en la jornada congresual del 12 de septiembre de 1813, a petición propia, las Cortes le concedieron licencia para regresar a Burgos. El Antonio Alcalá Galiano se le definió en una ocasión como un «orador fácil». Con la reacción absolutista, en 1814, fue nombrado fiscal del Consejo Real y de la Cámara por las provincias de la Corona de Aragón, hasta 1820, «destino, como señala Rico y Amat, al que era muy acreedor: No por su tardío y sospechoso monarquismo, sino por sus buenos y anteriores servicios en la magistratura, por su gran práctica en los negocios y por sus justos y merecidos títulos de profundo jurisconsulto y hombre ilustrado», indica García León.
En 1845, publicó en Madrid un Dictamen presentado y leído en el Consejo de Castilla sobre el restablecimiento de los jesuitas, aunque en realidad había sido escrito en 1815.