La mayoría de los 2.000 edificios ya certificados suspende en eficiencia energética

H.J. / Burgos
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Las notas medias-bajas son predominantes. Los inmuebles inspeccionados desde junio de 2013 suelen quedarse con una etiqueta 'E' respecto a una escala en la que la 'A' se lleva la consideración medioambiental más alta y la 'G' la más baja.

Cuanto más antiguo es un edificio peores notas energéticas suele obtener no por su calidad constructiva sino por sus deficiencias de aislamiento. - Foto: Ángel Ayala

Muy poco a poco, con un constante goteo a lo largo de sus primeros siete meses de aplicación, el parque de viviendas, locales y edificios públicos de la provincia de Burgos va engrosando el Registro de Certificados de Eficiencia Energética de Edificios. Su obligatoriedad entró en vigor el 1 de junio, y hasta el 31 de diciembre se habían contabilizado un total de 2.310 expedientes tramitados en Burgos, de un total que roza los 19.000 en el conjunto de la región.
Los datos de la Delegación Territorial de la Junta de Castilla yLeón revelan que una media de 90 edificios o partes de edificios han pasado por este registro cada semana. Una pequeña parte correspondiente a viviendas de nueva construcción (34), mientras que la inmensa mayoría son inmuebles ya existentes, construidos antes de 2007, a quienes afectan de lleno las novedades de la puesta en marcha de esta regulación, pues los anteriores a esa fecha ya estaban englobados por el Código Técnico de la Edificación que entraba en materia energética.
Al igual que ocurre con los electrodomésticos de nueva adquisición, que incorporan una etiqueta con su calificación dependiendo de su eficiencia, se trata de que los propietarios o inquilinos de viviendas, e incluso los usuarios de edificios públicos, sepan de una manera sencilla, casi intuitiva, cuánta energía consume ese inmueble y cuánto CO2 emite a la atmósfera.
Además de los inmuebles de nueva construcción, la obligación de contar con un certificado afecta a los edificios que se vendan o alquilen a un nuevo arrendatario, así como aquellos en los que la administración ocupe más de 250 metros cuadrados «y sean frecuentados por el público», dice la norma.
Para todos ellos se establece una escala entre las letras A (más eficiente) y G (menos eficiente) a la que se llegará tras la correspondiente inspección y emisión de un certificado por parte de los profesionales autorizados. Y ahí la mayor parte del parque inmobiliario burgalés no aprueba.
La base de datos facilitada por la Junta no discrimina cuántos de estos edificios cuentan con cada una de las calificaciones pero Nuria Jorge, vocal del Colegio de Arquitectos de Burgos especialista en eficiencia energética, apunta a que la mayoría se sitúan en la letra E, lo que equivaldría a un suspenso en consumo y emisiones.
Los resultados de Burgos no son muy distintos a los observados en el resto de España, donde distintas estimaciones hablan de un 80% de casos con baja calificación de eficiencia energética. Y cuanto más antiguo es el edificio, peores notas suele sacar. «No es que la construcción de antes fuera mala. Lo que falla en realidad es el aislamiento», explica Nuria Jorge. Tras el cambio de normativa en 1979 los edificios empezaron a incorporar aislantes y con el paso de los años los materiales mejoraron, como también lo hicieron las calderas o las conducciones para calefacción y agua caliente, pero en realidad hasta la llegada del Código de 2007 la eficiencia energética no parecía importar demasiado a la hora de edificar.
Ahora, sin embargo, será una etiqueta que todo potencial comprador e inquilino pueda consultar a la hora de elegir su piso o unifamiliar. A la decoración de la vivienda, su superficie o su situación se sumará como factor de elección una etiqueta y un color (la A es verde y la G es marrón, con sus tonos intermedios) que permitirá vislumbrar con antelación si las facturas de ese hogar u oficina se dispararán o serán moderadas.

Recibido con reticencias

La obligatoriedad del certificado energético para viviendas que se venden o se alquilan llega en un momento delicado para casi cualquier economía familiar y por ello está recibiendo críticas por parte de quienes consideran que es una especie de impuesto añadido, pero tiene un fundamento normativo que se remonta varios años atrás.
La vocal del Colegio de Arquitectos explica que en realidad «proviene de directivas europeas del año 2002», en las que se basó luego el Código Técnico, y que contienen «una visión global sobre el cambio climático y la sostenibilidad, buscando que la población se conciencie de que cada consumo individual suma y que en una economía de escala los pequeños ahorros son importantes». Se estima, de hecho, que el 40 por ciento del total de la energía que consume nuestra sociedad se emplea en los edificios. Falta que nuestra conciencia como consumidores sea tan exigente a la hora de reclamar una eficiencia energética como a la de fijarse en el parqué o en los muebles de la cocina.
Los miles de certificados energéticos que cada año pasarán a la base de datos de la administración servirían, además, para que los gobiernos pudieran plantearse programas de mejoras medioambientales a gran escala buscando que su ciudad, su comunidad o su país acaben resultando más sostenibles a largo plazo.