En España hay algo más de nueve millones de ciudadanos en edades comprendidas entre los 18 y los 35 años. A ese núcleo de población va dirigida la última iniciativa populista del presidente del Gobierno. Anticipándose a las ministras de Podemos, sus socios de coalición, Pedro Sánchez anuncia que los jóvenes comprendidos en esa franja de edades recibirán durante los próximos dos años un bono de 250 euros mensuales en ayudas destinadas al alquiler. Podrán beneficiarse de dicho bono quienes tengan rentas inferiores a los 24.000 euros anuales.

El anuncio coincide en el tiempo con otro de diferente recorrido que trata de la aprobación de una Ley de la Vivienda cuyos rasgos más llamativos apuntan a la intervención del Estado regulando el precio de los alquileres de los grandes tenedores de viviendas, bien congelando los precios, bien por vía de impuestos. Anuncian, además, un recargo de hasta el 150% en el IBI para las viviendas vacías.

Sabido que las competencias en materia de vivienda están transferidas a las comunidades autónomas y las del IBI a los ayuntamientos, la aplicación de algunas de estas medidas no será de obligado cumplimiento. Serán las CCAA y los ayuntamientos quienes decidirán sí aplican o no la ley. Ahí es dónde se revela -cuando menos en la intención- la astucia política de Sánchez. Por una parte guiña un ojo a nueve millones de jóvenes votantes potenciales a quienes les va regalar sin contrapartida alguna 3.000 euros al año
-faltan dos para las elecciones- y, por otra, deja al albur de los dirigentes de las CC.AA. y ayuntamientos la aplicación de las nuevas normas en la idea de quien no las ponga en marcha será tildado de cómplice de los llamados fondos buitre.

Sánchez va a lo suyo. Y es sabido que lo suyo, su único objetivo, es que los españoles le sigamos pagando el alquiler de La Moncloa durante muchos años.