Las secciones sindicales de enseñanza de los sindicatos CSIF, CCOO y UGT anunciaron hoy un acuerdo conjunto por el que se negarán a negociar con la Consejería de Educación las plantillas del profesorado para el curso 2020-2021 al entender que, pese a la recuperación económica, la Junta sigue “perpetuando los recortes por criterios economicistas”. De forma unánime, tras la última reunión de noviembre de la mesa sectorial, las tres fuerzas sindicales rechazan que se apliquen restricciones y no se hable de aplicar las 35 horas semanales firmadas en mayo.
“Las plantillas que se pretenden negociar desde la Consejería no se ajustan a las necesidades reales de los centros y hay que evitar supresiones de plazas a toda costa para que prime en todo momento la calidad educativa. No podemos ceder a que aleguen limitaciones presupuestarias o someternos a algún tipo de ambición política”, dijo Isabel Madruga, presidenta del sector de educación de CSIF de Castilla y León.
A su vez, recordó que los criterios que la Consejería utiliza para el diseño de las plantillas de profesorado del curso 2020-2021 se basan en la carga horaria lectiva de los profesores; la ratio de alumnos por aula; y el número de matriculaciones en los centros docentes. “Las condiciones del profesorado deben mejorar y no ir a peor y hay que ener en cuenta las necesidades pedagógicas y la despoblación que sufre nuestra Comunidad”, precisó.
Los tres sindicatos que rechazan la negociación pidieron unidad en la mesa sectorial al resto de fuerzas, STES y ANPE “para ir todos a una y conseguir mejoras” una vez que se realicen protestas en las reuniones provinciales que se celebrarán entre el 16 de enero y el 6 de febrero para elaborar plantillas docentes, comenzando en Ávila y terminando en Valladolid, para concluir con reuniones finales de las fuerzas sindicales en la Consejería de Educación los días 10 y el de febrero.
Además, la responsable de la Federación de Enseñanza de CCOO de Castilla y León, Elena Calderón, puso de manifiesto la ausencia en la Consejería de “criterios realistas” para poder superar los años de recortes. “Una vez que se han cumplido los parámetros económicos hay que revertirlos con un cambio en las políticas educativas en Castilla y León y una mejora sustancial en las condiciones laborales del profesorado que no se dan actualmente”, sostuvo.
A su vez lamentó que “todo se agrave” por el incumplimiento del acuerdo de 21 de mayo de 2019 donde se contemplaba la reducción horaria docente a las 35 horas semanales desde el 1 de septiembre. “Esto esta íntimamente relacionado con las plantillas jurídicas del profesorado, ya que de cumplirse el acuerdo el horario disminuiría y se necesitaría más plantilla y consolidar plazas en distintas escalas y puestos. No podemos ser cómplices de las políticas de la Consejería al no aceptarse criterios que mejorarían sustancialmente la calidad de la enseñanza”, argumentó.
Inestabilidad sin precedentes
Por su parte, la secretaria de enseñanza de UGT de Castilla y León, Beatriz García, dijo que la postura de la Consejería supone “una inestabilidad laboral sin precedentes” y abogó por que lo normal fuera que “la aplicación de las 35 horas semanales supusiera contar con más trabajadores y más empleo en la enseñanza”.
Igualmente, reclamó a la Consejería políticas adecuadas para que haya centros educativos en todos los municipios de la Comunidad y, con ello, se contribuya a evitar la despoblación. “Si queremos pueblos con vida y futuro tienen que haber colegios en ellos y que su sostenimiento no dependa como ahora del esfuerzo del profesorado”.
En opinión de García, para la Consejería de Educación las plantillas “son solo números y se suprimen plazas años tras año” en el seno de una Comunidad cada vez más despoblada y envejecida. “Ya se va conociendo el plan de la Junta para sanidad rural con pocos medios y muchos nos tememos que la educación va a llevar el mismo camino. Una escuela que cierra es un pueblo abocado a su desaparición”, concluyó.