Las consecuencias económicas de la pandemia no contribuyen precisamente a aliviar la carga de trabajo de los juzgados de lo social de Burgos. Cada día que pasa surge una nueva materia objeto de pleito que no hace sino contribuir a aumentar el colapso de unos órganos que ni siquiera con un magistrado de refuerzo se ven con la capacidad suficiente -pese al esfuerzo- para sacar adelante un número de procedimientos que permita reducir la pendencia. En estos momentos los despachos de abogados están empezando a redactar demandas para reclamar el derecho de sus clientes a percibir el ingreso mínimo vital (IMV). Y es que, según denuncian los letrados laboralistas, «la Seguridad Social tiene casi por norma rechazar todas las peticiones, con lo que obliga a pleitear», lamenta Miguel Ángel Sebastián, especialista de Abascal Abogados.

Son muy pocos los burgaleses que están resultando beneficiarios de esta ayuda estatal, en parte porque su renta no cumple los criterios para obtenerla, pero en parte también por la negativa general del INSS a concederla. El abogado advierte de que en sus contestaciones -en el apartado dedicado a los fundamentos de derecho- se limita a señalar que el patrimonio de la unidad de convivencia «supera el límite patrimonial del año 2020, fijado en 16.614 euros». Y no da más explicaciones. 

Sin embargo, algunos afectados no están de acuerdo con estas respuestas y están acudiendo, «muchos por el turno de oficio», a los abogados para que reclamen en los tribunales.

No es la única materia, según se queja el también abogado José Ángel Saiz (Gabinete Toledo), en la que la Seguridad Social abusa del no para contestar a los peticionarios. Ocurre -advierte- en incapacidades y otro tipo de prestaciones, «con lo que se obliga a los peticionarios a recurrir a la Justicia». En cuanto hay que acudir a los tribunales, «muchos se lo piensan, sobre todo si no se trata de cantidades muy importantes o si no pertenecen a un sindicato que les paga el asesoramiento legal». ¿Al final qué ocurre? Que los juzgados sociales se colapsan con procedimientos contra la Seguridad Social, que es lo que está ocurriendo en estos momentos, pues los despidos -debido al mantenimiento de los ERTEs- no están siendo demasiado numerosos.

Ahora mismo los tres juzgados de lo social están señalando juicios a un año vista en el caso de los despidos, que es una materia preferente, señala Sebastián, pero una reclamación de cantidad se puede ir al año y medio, asegura su colega. Y es verdad que muchas veces «la reclamación de cantidad no es urgente, pero en los casos en que una familia depende del salario que se adeuda al padre o a la madre sí que resulta perentorio resolver», explica Saiz. Al final el que paga el pato de la demora siempre «es el ciudadano».

Un 10% más de asuntos. El número de asuntos que ha entrado en esta jurisdicción laboral -en los tres órganos de Burgos- ha crecido un 10%. Son muchos los tipos de pleitos que se dirimen en este orden jurisdiccional y, si por una parte los ERTE han contenido los despidos, por otra han contribuido a incrementar la litigiosidad con demandas de reclamación de cantidad por subsidios mal calculados, vacaciones o disfrute de días de libre disposición vinculados a esos expediente de regulación temporal de empleo (ERTEs).

Al margen de que los juicios se están señalando tarde, los letrados especializados piden que «las citaciones se hagan con más antelación, porque ahora están llegando los avisos para celebración de vistas con un mes o mes y medio, de manera que en ocasiones es difícil reunir testigos y documentación para afrontar el procedimiento con garantías».