La propuesta de Pedro Sánchez para que Dolores Delgado, hasta ahora ministra de Justicia, se ponga al frente de la Fiscalía General del Estado, un organismo que debe actuar con «plena objetividad e independencia», no sentó nada bien en el mundo de la judicatura. La mayoría de asociaciones de jueces y fiscales que ven en este movimiento un intento de injerencia del Ejecutivo en la Justicia.

Para la conservadora y mayoritaria Asociación de Fiscales, que considera el nombramiento «una declaración de intenciones» del poder político para «meter las zarpas en la Fiscalía», todavía resuena una entrevista en la que Pedro Sánchez sugirió que el Ministerio Público dependía del Gabinete, palabras que matizó poco después. La presidenta de esta entidad, Cristina Dexeus, reconoció su «sorpresa y disgusto» por este relevo. 

El portavoz de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales, Juan Antonio Frago, reveló que muchos profesionales le mostraron su preocupación por este nombramiento ya que estiman que «no traslada a la ciudadanía la apariencia de autonomía del Ministerio Fiscal». «Si se atiene a los principios de imparcialidad y legalidad puede ser una buena fiscal general, aunque recordamos que como ministra no resolvió problemas fundamentales de la Fiscalía española. Si viene con misiones políticas se va a equivocar», apostilló.

«Estupor», «shock» o «incredulidad» fueron algunas de las palabras que se repitieron en los pasillos de la Fiscalía de la Audiencia Nacional y de la Fiscalía Anticorrupción tras conocer la propuesta. Desde ambos órganos, subrayan que desconocen las alianzas y enemistades que ha podido fraguar la madrileña durante su paso por el Departamento de Justicia, así como los compromisos que tendrá que asumir teniendo a Podemos como socio de Gobierno y a ERC dando cobertura con sus escaños.

Más allá del Ministerio Público, el presidente de la Asociación Profesional de la Magistratura, Manuel Almenar , señaló que, «sin cuestionar la valía técnica y la profesionalidad» de Delgado, comparte «la preocupación expresada» por representantes de la carrera fiscal «por cuanto estas actuaciones no contribuyen a reforzar la credibilidad de las instituciones».

En esta línea, la Asociación Judicial Francisco de Vitoria calificó en un comunicado de «insólita y lesiva» la propuesta de Sánchez «no por los méritos profesionales de la candidata, sino por su procedencia ya que acaba de cesar como ministra de Justicia». Desde esta entidad, subrayan que supone «un mal comienzo del nuevo Gobierno» porque «daña la credibilidad» de la Justicia «ante los graves asuntos que se presentan en el horizonte político más inmediato».

Por su parte, la presidenta de Foro Judicial Independiente, Concepción Rodríguez González del Real, remarcó que María José Segarra «estaba desempeñando muy bien el papel encomendado a la fiscal general» por lo que no entiende los motivos para relevarla y «menos por Dolores Delgado». Un movimiento que, en su opinión, «amenaza la separación de poderes». 

Las buenas palabras solo llegaron de la mano de las asociaciones progresistas: Juezas y Jueces para la Democracia destacó la experiencia como fiscal de la exministra, y la Unión Progresista de Fiscales, a la que perteneció Delgado, aseguró que confía en su independencia y subrayó la defensa que hizo de la autonomía del Ministerio Público desde la cartera de Justicia.