Una de cada cuatro muertes registradas en Burgos entre marzo y abril estuvo relacionada con la covid-19, según los datos ofrecidos este martes por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León. Durante estos dos meses fallecieron en nuestra provincia 1.057 personas, 436 más que en el mismo periodo del año anterior. Del total de decesos certificados, 169 fueron por coronavirus y otros 106 por causas compatibles con la pandemia. Así lo ha avanzado hoy el TSJCyL en un comunicado en el que su presidente, José Luis Concepción, ha lamentado "profundamente" que España esté atravesando por esta "gravísima crisis sanitaria y social", al tiempo que ha enviado un mensaje de ánimo a la sociedad para conseguir "conjuntamente y de manera responsable" superar esta "triste" situación. 

Respecto a los datos de 2019 se ha producido un incremento del 70% en el número de defunciones, mientras que en comparación con el año anterior, 2018, el aumento es menor, del 51%, al registrarse entonces en Burgos 701 muertes entre marzo y abril. 

En Castilla y León, las diferencias son aún mayores, al pasar de 4.407 víctimas mortales en ambos meses de 2019 a casi el doble (8.633) en el mismo periodo del ejercicio actual. Del total de muertes en la Comunidad, 3.672 fueron por covid-19 o por causas compatibles con la enfermedad, lo que supone un 42,5% de todas las licencias de enterramiento solicitadas en los Juzgados de Registro Civil. 

Fallecimientos en Castilla y León en marzo y abril. - Foto: TSJCyL / ICAL

Los fallecimientos por causas sospechosas compatibles con la covid-19 se refieren a aquellas en cuyas certificaciones médicas existen procesos patológicos que pueden haber sido originados por la pandemia. 

Datos de los Juzgados de Registro Civil. El presidente del TSJCyL, José Luis Concepción, acordó el pasado 13 de abril solicitar a los Juzgados de Registro Civil de los partidos judiciales de Castilla y León todos los datos sobre fallecimientos certificados durante los meses de marzo y abril del presente año, así como los de 2018 y 2019.

Esta actuación se inscribió en el marco de las iniciativas derivadas del protocolo del Consejo General del Poder Judicial para la prestación del servicio judicial durante la pandemia de la covid-19 y tras fijarse los servicios esenciales que vienen prestando juzgados y tribunales.