Rechazan la denuncia contra la Junta por falta de protección

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El Juzgado de lo Social Nº3 de Burgos desestima la demanda presentada por CESM Castilla y León en relación a los hospitales de la provincia y es la primera en España en avalar a la Administración

Rechazan la denuncia contra la Junta por falta de protección

El Juzgado de lo Social Nº 3 de Burgos desestima íntegramente la demanda interpuesta por CESM Castilla y León sobre la dotación de material de protección sanitaria contra la COVID-19 a todo el personal de las Instituciones Sanitarias gestionadas por Sacyl, en la provincia de Burgos, lo que se convierte en la primera sentencia en España que absuelve a la administración, en este caso a la Junta.
Según informa hoy el Ejecutivo autonómico, tras las alegaciones realizadas por los Servicios Jurídicos de la Comunidad y a la vista de la importante prueba practicada, el Juzgado considera que no se puede apreciar infracción de la normativa de prevención de riesgos laborales por parte de la Consejería de Sanidad o de la Gerencia Regional de Salud, ya que los profesionales han dispuesto, en todo momento, del material de protección individual necesario para desarrollar su actividad sanitaria.
En el comunicado, destaca que, tras una sentencia del Juzgado de lo Social de Teruel de hace unos días, que en ese caso condenó al Gobierno aragonés en un tema similar, esta es la primera sentencia que se conoce en España en sentido inverso, absolviendo a la Junta de Castilla y León.
El sindicato alegaba que la Administración autonómica había vulnerado -en sus hospitales de Burgos, Aranda de Duero y Miranda de Ebro- el derecho fundamental de contar en su lugar de trabajo de las condiciones satisfactorias de protección de la salud y seguridad, como consecuencia de la inactividad de la Administración, que, consideraba, no había proporcionado al colectivo sanitario las medidas de protección necesarias contra la COVID-19, infringiendo con ello la normativa sobre prevención de riesgos laborales.
Sin embargo, el Juzgado de lo Social, primero estima la alegación efectuada por los Servicios Jurídicos de la Comunidad relativa a la falta de legitimación activa parcial del sindicato, ya que no podía pretender de la Administración, como había hecho, la adopción de medidas para todos los profesionales de la sanidad en general, al ser un sindicato sólo de médicos, y también respecto a los sanitarios de las residencias geriátricas privadas, en los que la empresa no es el Sacyl, sino una empresa o entidad privada.
En segundo lugar, respecto al fondo del asunto, se aceptó las argumentaciones jurídicas de los letrados de la Junta, al considerar que no se ha probado que los médicos no hayan dispuesto en algún momento de los EPIS necesarios, menos aún en el momento de la presentación de la demanda, momento en que la situación ya se encontraba totalmente controlada, de tal forma que los profesionales sanitarios han contado y cuentan con los equipos de protección individual necesarios para evitar el riesgo de exposición al COVID-19.
Además, la Juzgadora considera expresamente que esta situación descrita de suficiencia de equipos de protección se mantiene, y es previsible que se vaya a mantener en los próximos meses, ya que el 13 de mayo de 2020, la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León llegó a un acuerdo para el suministro de 180 millones de guantes de nitrilo durante 12 meses y 15 millones de mascarillas quirúrgicas tipo IIR durante 6 meses, para su distribución en los distintos hospitales de la Comunidad Autónoma.
También, se realizó una transferencia por importe de 2.025.000 euros para el pago de los guantes y otros 2.025.000 euros para el pago de las mascarillas, de lo que se desprende que la Junta de Castilla y León va a seguir cumpliendo con su obligación de proporcionar los equipos de protección necesarios, al igual que ha venido haciendo hasta la fecha.
En la sentencia se considera que, a la vista de los documentos aportados por los Servicios Jurídicos de la Comunidad de Castilla y León, resultan probados los esfuerzos realizados por la Junta para poder suministrar los equipos de protección adecuados a los profesionales sanitarios para la prestación de sus servicios.