Dos horas y media de declaración ante la titular del Juzgado de Instrucción Número 2, pusieron ayer sobre la mesa los pormenores del denominado ‘caso Caja de Burgos’, originado por la denuncia presentada en junio de 2013 por Unión, Progreso y Democracia (UPyD) contra el exconsejo de administración de la entidad entre 2005 y 2010 y especialmente contra su presidente, José María Arribas, en quien se ha personalizado hasta ahora la acusación de un presunto delito de administración desleal.
El aludido, que llegó puntual a su cita con la jueza María Dolores Fresco acompañado de su abogado, Juan Manuel García Gallardo, aseguró a la salida del Juzgado sentirse «satisfecho» por haber podido aclarar todas las dudas concernientes al caso en unas diligencias previas y «no para solicitar mi inocencia», puntualizó. «Voy como imputado porque no puedo ir bajo otra figura o como un testigo que pasaba por ahí...».
No quiso entrar en más detalles de la denuncia «por ser respetuoso con la decisión de la jueza», aunque advirtió que «habrá un momento, cuando esto termine, en el que pueda hablar con libertad». «Estoy tranquilo», insistió en varias ocasiones. No lo estaba tanto el grupo de personas que le increpó y le gritó cuando apareció a las puertas de la sede judicial.
Arribas contestó durante una declaración que calificó de «larga y completa» tanto a las preguntas de la jueza como de la Fiscalía y también de la acusación.
«Cierto victimismo». El representante de esta última, el abogado de UPyD, Andrés Herzog, no se mostró tan satisfecho con las explicaciones del expresidente de Caja de Burgos. Aseguró el también responsable de Regeneración Democrática del partido de Rosa Díez, que Arribas se había escudado en su gestión al frente de la entidad financiera, que el imputado tildó de «magnífica y brillante en infinidad de veces», y en un «cierto victimismo». «Él dijo que lo había dado todo por sus empresas y que había perdido su patrimonio personal como si fuera justificación de otras cosas clave» sobre las que «no dio ninguna explicación».
Herzog recordó, en primer lugar, que Arribas recibió una «compensación» («‘gratificación’ como él lo llama») por sus gestiones en el proceso de integración de Caja de Burgos en Banca Cívica, que el abogado cifró en torno a 80.000 euros, «un dinero que está al margen de Ley de Cajas y de las normas de Caja de Burgos». Este dinero, sostiene, le fue otorgado por el director general, Leoncio García Núñez, «sin conocimiento del consejo de administración ni de la comisión de control y sin contrato». «Queda probado que hubo duplicidad de dietas de Caja Burgos y Banca Cívica, algo que estaba terminantemente prohibido».
UPyD solicitará que el exdirector general García Núñez sea citado a declarar ante la jueza «porque aprobó estas compensaciones ilegales en nuestra opinión», aunque el abogado no aclaró si debía ser citado como imputado o como testigo (con lo que no se puede negar a declarar). Tampoco descartó hacer lo propio con el resto de miembros del consejo de administración a los que se refiere su denuncia, «pues responden solidariamente de sus decisiones».
Crédito. El abogado de la acusación no se centró en su comparecencia ante los medios en los 34 millones de euros en operaciones de crédito, aval o garantía que empresas vinculadas a Arribas recibieron de Caja de Burgos mientras era presidente, sino en el crédito personal hipotecario de 600.000 euros sobre una vivienda que tiene en Madrid, que le concedió Caja Navarra (CAN) mientras se negociaba el proceso de integración en Banca Cívica en nombre de Caja de Burgos. «Fue pedido para hacer frente a las deudas de Indasa y recapitalizar esta sociedad [finalmente liquidada]».
«Nosotros entendemos que se concede este préstamo para eludir el control de la Junta de Castilla y León y la Ley de Cajas», sostiene Herzog. «El crédito cruzado se lo pidió a Goñi [presidente entonces de la CAN], con el cual tenía una relación continuada en esas fechas...».
Preguntado el jurista sobre si este tipo de operaciones son legales, respondió que es algo que «se tiene que investigar, porque hay que ver si esta forma de articular el crédito se hizo para eludir los controles de la Junta y la aplicación de la Ley de Cajas. Si esto es así, estamos hablando incluso de un delito; si no, trato de favor...».