El expediente sancionador abierto en 2013 -durante el gobierno municipal socialista- a consecuencia del derribo del número 7 de la calle Progreso en enero de 2010, y la posterior reconstrucción de la vivienda con volúmenes diferentes a los previstos en el planeamiento urbanístico de Espinosa de los Monteros, ha concluido tras un largo periplo judicial con el pago de 108.000 euros de sanción, de los que 90.000 ha abonado la propiedad y 18.000, la constructora.

Estas multas eran de 300.000 euros para la propiedad y 60.000, para la constructora, pero ambas se han podido acoger a una reducción del 70%, que establece el Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, al reconocer su responsabilidad y comprometerse a la legalización de las obras, así como a la «renuncia a cualquier tipo de acción» judicial que mantenga vivo el proceso. Una vez que se les comunicaron las sanciones definitivas hace unos meses, se comprometieron por escrito a «ejecutar la legalización autorizada mediante acuerdo de Junta de Gobierno Local de 21 de noviembre de 2018 y a presentar la correspondiente documentación de fin de obra». Además de ello procedieron al pago voluntario de las sanciones reducidas el pasado 26 de abril y presentaron el aval correspondiente. Por todo ello, una resolución de Alcaldía del pasado 3 de mayo declaró «concluso el procedimiento sancionador».

Esta resolución llegaba después de que el instructor del procedimiento sancionador, el concejal Luis Román Crespo, quien comenzó con la instrucción del mismo en 2013 durante su etapa como edil socialista y ahora lo ha continuado, volviera a instruir parte del proceso tras una sentencia de septiembre de 2018 que así lo mandaba. Esta sentencia obligaba a retrotraer las actuaciones al momento en que los propietarios del inmueble recusaron al instructor, al considerar que no era imparcial, debido a la ausencia de una respuesta adecuada por parte del Ayuntamiento a esta supuesta falta de imparcialidad que invocaron los propietarios

Instruido nuevamente el procedimiento desde ese punto, de nuevo el mismo edil fue nombrado instructor y volvió a declarar a los propietarios como responsables de «una infracción muy grave del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, consistente en la demolición de inmuebles catalogados en el planteamiento urbanístico». En este caso, el número 7 de la calle Progreso contaba con un prote-cción ambiental en su fachada principal, poro en enero de 2010 fue derribado el edifico al completo. Asimismo, resolvió que se ha cometido una «infracción grave por el incumplimiento de la licencia de obra concedida en los trabajos de reconstrucción, sin mantenimiento de elementos constructivos y volumétricos preexistentes», que era lo que marcaba la licencia concedida en su día.

Cuando este mismo procedimiento se inició en 2013, el edil Luis Román Crespo impuso sendas sanciones de 300.000 euros para la propiedad y para la constructora, pero en esta ocasión ha decidido dejar en 300.000 euros la sanción a la propiedad y reducir a 60.000, la de la constructora, «por un principio de proporcionalidad». Las reducciones del 70% han dejado finalmente estas cantidades en un total de 108.000 euros y ahora el edil, que concurre de nuevo a las elecciones en la lista del PSOE, indica que espera que esta resolución «sirva para que se preserve el patrimonio de Espinosa y se ponga en valor».

inacabada. Asimismo, el edil lamenta que, aunque la vivienda original derribada contaba con un grado de protección tanto en su envolvente como volúmenes y cubierta, una sentencia judicial permitió que se mantuviera la nueva construida en su lugar con mayores volúmenes. Ahora la propiedad, según explicó ayer el alcalde, Javier Fernández-Gil, habrá de realizar algunas actuaciones, «más bien de carácter estético, que ha ordenado Patrimonio», como la instalación de canes de madera en el alero de hormigón construido, para obtener el final de obra y la licencia de habitabilidad. Las obras del edificio, que comenzaron en 2010, siguen sin finalizar más de 9 años después. Éstas y otras presuntas irregularidades urbanísticas que el PSOE persiguió durante su mandato entre 2011 y 2015 también fueron argumento para una demanda por un presunto delito de prevaricación contra la exalcaldesa del PP, Pilar Martínez, y su teniente de alcalde, Juan José Angulo, pero fue archivada y no llegó a juzgarse.