Algo menos de 30 millones faltaron el año pasado para que la licitación de obra pública rompiese la barrera psicológica de los 1.000 millones en Castilla y León, una cifra que el sector autonómico lleva varios cursos tratando de rebasar. Tal y como explicó ayer el presidente de la Cámara de Contratistas de la región, Enrique Pascual, la licitación de obra pública alcanzó el año pasado los 973 millones de euros, lo que supuso un incremento del 36 por ciento respecto a los 717 millones licitados un año antes. A pesar de que se considera que fue «un buen año», el presidente de la Cámara lamentó unas cifras que se encuentran en los mismos niveles de 1996, cuando se licitaron 974 millones de euros, pese a que la economía de Castilla y León «es el doble de grande», algo que reconoció que no ha ocurrido en otras regiones europeas. La Ley de Contratos del Sector Público que se aprobó en marzo del año pasado ha supuesto «cambios significativos» en la contratación en España, donde se han alterado «de forma significativa» los tiempos, y aunque el objetivo de esta ley era la de conseguir mayor transparencia, Pascual estimó que ha supuesto «una opacidad o retraso a la hora de conocer los datos de licitación», denunció.
Después de años en los que se registraron «cifras mínimas», Pascual valoró 2018 como «un buen año» en el que la licitación alcanzó los 973 millones de euros (248 millones de la Administración central, 377 millones de la Administración autonómica y 349 millones de la Administración local). Esto supuso un incremento respecto al año anterior del 36% en datos globales, mientras que se cifró en un cinco por ciento en el caso de la licitación del Gobierno, en un 55% más en el caso de la inversión de la Junta y en un 46% más por parte de las administraciones locales.
El grado de cumplimiento por parte de las administraciones fue el año pasado del 51% en Castilla y León (38% por parte de la Administración central; 52% de la Junta y 70% de la Administración local), por lo que Pascual hizo un llamamiento a la clase política para que «no infle las cifras y diga realmente lo que se va a hacer». Aunque en años anteriores este dato ha mejorado, ya que llegó a situarse en el 33%, Pascual estimó que «no es suficiente» y trasladó su mayor satisfacción por cómo cumplen las administraciones más pequeñas frente a las más grandes.
De igual forma detalló el ligero repunte de las empresas activas con asalariados en el sector de la construcción en Castilla y León, con 9.434 en 2018 (14.812 en 2009) mientras que se mantiene la plantilla de ocupados con 66.000 trabajadores que en 2009 eran 106.000. El presidente cameral lamentó las dificultades de las empresas del sector de la construcción para captar trabajadores ya que, según ha explicado, la crisis puso el «cartel de sitio de peligro» a este oficio ahora «poco atractivo». «Hacemos llamadas, cursos... pero no acude nadie», reconoció Pascual que recordó que el 70% de los trabajadores de la construcción viven en la denominada España vaciada.
Previsiones
La Cámara de Contratistas cifró en 855 millones la obra oficial que se licitará en el año 2019 cuando se ha previsto un total de 2.240 millones por lo que hicieron un llamamiento a las administraciones, fundamentalmente a la central y a la regional, para que cumplan con hechos lo que anuncian. «Uno puede decir lo que sea y luego hacer lo que le de la gana o lo contrario de lo que ha dicho porque parece que no pasa nada», criticó Pascual, que auguró un cumplimiento entre la obra oficial prevista y la adjudicada este año del 38%, que bajará hasta el 28% en el caso de la Administración central, para situarse en el 42% en la regional y en el 68% en la local.
Según sus cálculos, 370 millones serán adjudicados por la Administración central, que ha previsto 1.311 millones y licitado 520, mientras que 240 millones corresponderán a la Administración regional que ha previsto 571 millones y licitado 350. Por último, la Administración local, a la que se ha referido como la más cumplidora, adjudicará obra por 245 millones de los 358 previstos y los 350 licitados.
«Dinero hay y apetencia de los fondos de inversión por invertir en infraestructuras públicas», constató Pascual, que acusó a las administraciones públicas de no saber manejar la colaboración público-privada. «Que se pongan a aprender porque nos va con ello el oficio», reivindicó Pascual que, no obstante, se mostró «optimista» ante un repunte de la licitación.